El Gobierno acordó este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de Ley de Familias, "una de las leyes más importantes de este curso político" cuya tramitación, sin embargo, se ha visto aplazada en varias ocasiones.

Belarra destacó que esta legislación viene a corregir "una situación insostenible" y que revierte "carencias históricas" en la protección de las familias. Aunque se trata de un proyecto recortado debido a las intensas negociaciones entre los socios del Gobierno, la norma reconoce jurídicamente a las distintas familias. "Refuerza la protección de todas las familias", asegura la ministra de Unidas Podemos, quien ha lamentado que cada año se invierten 12.000 millones de euros menos que la media de la UE en proteger a las familias y la infancia.

El uso de la vía de urgencia hará que se reduzcan a la mitad los plazos previstos para los trámites del procedimiento de elaboración, no requerirá la consulta pública y el procedimiento podrá continuar si los informes preceptivos no se emiten en plazo.

Esta normativa, que traspone la directiva europea de conciliación 2019 y modifica el Estatuto de los Trabajadores, amplía la protección social a las familias y el apoyo a la crianza, reconoce los distintos tipos de hogares que ya existen en España y protege los derechos de los menores. Entre sus novedades más destacadas se encuentran la ampliación de la renta de cien euros al mes por hijo menor de 3 años que sólo cobraban las madres trabajadoras y la prohibición del llamado "pin parental".

Éstas son las principales medidas que incluye la norma:

Medidas de conciliación

- Ampliación de la ayuda de crianza de 100 euros. Esta renta, que hasta ahora sólo la cobraban las madres trabajadoras, se amplía a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no, y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. También recibirán el 100% de la prestación las mujeres que tengan un empleo a tiempo parcial o temporal. Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de enero y se estima que beneficiará a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres.

- Se podrá contar con cinco días remunerados para el cuidado familiar o conviviente por "accidente, enfermedad grave, hospitalización o cirugía con cuidados en casa".

- Derecho a ausentarse hasta cuatro días por motivos familiares urgentes o "fuerza mayor", en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.

- Un permiso de ocho semanas para padres y madres para el cuidado de los hijos. Éste podrá disfrutarse de manera continua o no hasta que los menores cumplan ocho años.

Derechos de los hogares

- La norma considerará familia numerosa con beneficios fiscales y ayudas las monomarentales con dos hijos, aquellas con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o un cónyuge que haya obtenido la guarda y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, así como las formadas por dos hijos y un ascendiente o descendiente con discapacidad y aquellas con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.

- Pasarán a considerarse familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza "de categoría especial" las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM).

- Equiparación de los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho. Estas últimas tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio. La ley también genera un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, con algún miembro con discapacidad, familias múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras. Asimismo, los hijos de parejas no casadas podrán ser inscritos en el registro por el progenitor no gestante.

- Se extenderá el subsidio por nacimiento y cuidado no contributivo a adoptantes y familias de acogida. Se ampliará la pensión de orfandad un año, hasta los 26, y el permiso por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave hasta los 26 años en caso de discapacidad.

- Prohíbe el pin parental, es decir, que los padres y tutores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en los centros educativos.

- Derecho a la atención temprana de los menores y sus familias con servicios hasta los 6 años para paliar necesidades de los niños con trastornos de desarrollo.

- Mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos para agilizar los trámites y beneficiar a los hijos de parejas de hecho, mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia.

Aunque la norma ha sido por lo general bien recibida, no faltan las críticas a su alcance. Así desde la Unión Asociaciones Familiares (UNAF), admiten que este anteproyecto de ley supone un "gran avance" que "viene a dar respuesta a la realidad social y a las reivindicaciones de organizaciones y movimientos sociales", pero reclaman más ambición en las medidas puesto que el hecho de que, por ejemplo, que el permiso de ocho semanas para cuidar a menores no sea remunerado provocaría que las familias vulnerables no se puedan acoger a esta medida.

Unicef también considera "una buena noticia para la infancia" la aprobación de esta norma, aunque cree que tiene margen de mejora, como la ayuda de 100 euros a la crianza, que la ONG pide que alcance a todas las familias con menores a cargo de 0 a 18 años.

Por su parte, la Federación de Madres Solteras (FAMS) alerta de que el 70% de las familias monomarentales, las que tienen un solo hijo, quedan fuera del anteproyecto de ley, una situación que ha de ser revisada teniendo en cuenta que los datos del INE aseguran que el 54% de estas familias están en riesgo de pobreza.