La sentencia del Prestige soliviantó ayer a la clase política y distintos colectivos sociales por injusta y decepcionante al no determinar responsabilidades por los daños causados tras el hundimiento del petrolero en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confesó su "decepción" por que "nadie pague" los gastos ocasionados por la catástrofe y remarcó que el Gobierno gallego estudia si cabe recurso de casación contra la sentencia, para lo que tiene un plazo de cinco días, al tiempo que subrayaba que permanece abierta la vía civil.

El fallo exime al Estado de sufragar los gastos por los daños originados y supone que los españoles, especialmente los gallegos, no puedan resarcirse de unos daños morales que la Fiscalía valora en 1.212 millones de euros, del total de pérdidas provocadas por el hundimiento del petrolero que se cifraron en 4.328 millones.

Feijóo proclamó que, una vez que la Justicia ha determinado que los acusados no tienen responsabilidad penal, "a Galicia le interesa quién paga" el coste económico de la tragedia.

No en vano, se mostró convencido de que "la inmensa mayoría" de la sociedad gallega siente "decepción" tras saber "que ni la clasificadora, ni la aseguradora, ni el armador del petrolero van a pagar" por permitir que "una chatarra flotante" navegase con "una sustancia tóxica" que causó un accidente "con enorme coste" para España y sus ciudadanos, que lo afrontaron con sus impuestos.

En cuanto a las responsabilidades políticas que exige la oposición, aseguró que "entiende, pero no comparte" su preocupación. "Nosotros no buscábamos el linchamiento político de un director general que se encuentra con una chatarra flotante en un enorme temporal", alegó, para añadir que la sentencia evidencia, además, que dicho "linchamiento político" contra el ex director general de la Marina Mercante que se sentó en el banquillo, José Luis López Sors, fue "injusto".

El tribunal del Prestige absolvió a López Sors, al jefe de máquinas del barco, Nikolaos Argyropoulos, y también al capitán, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente, y sólo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia.

"No debe ser verdad que hasta las cosas ciertas puedan probarse" es la frase con la que arranca la sentencia del Prestige, basada en la imposibilidad de probar los hechos y la no intencionalidad o mala fe (dolo) por parte de los tres acusados.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, Francisco Javier Sanz Larruga, explicó ayer a Efe que, una vez concluya la vía penal del proceso judicial por el accidente, cabe iniciar la vía civil y administrativa por los daños originados por la marea negra de 63.000 toneladas de fuel.

"Al haber intervenido la Administración y si alguien entiende que lo hizo defectuosamente y ha causado daños, podría demandar ante los tribunales contencioso-administrativos la responsabilidad de la Administración General del Estado", sostiene Sanz Larruga, por considerar que podría plantearse una culpa concurrente, por ejemplo, cuando se decidió alejar el buque de la costa.