Jordi cumplió 11 años el viernes, 1 de abril, de 2022. Sus padres estaban separados y el pequeño iba a pasar el cumpleaños con su madre, por lo que José Antonio C., el padre, de 48 años entonces, le insistió a su exmujer para que almorzaran juntos el domingo. Le pedía que lo llevara hasta Sueca, el municipio valenciano en el que habían vivido los tres hasta antes de la separación.

La mujer había tenido que huir de esa casa un año antes junto a su hijo y unas pocas pertenencias, el 13 de marzo de 2021, tras un episodio en el que él le había puesto un cuchillo en el cuello después de haberla intentado estrangular por anunciarle que se quería separar. En agosto de ese mismo año se le impuso una medida de alejamiento tras un juicio rápido por haber maltratado y amenazado a su exmujer durante años.

Sin embargo nunca pensó que fuera capaz de hacerle algo a su hijo, por lo que accedió a su petición y lo llevó aquel domingo, 3 de abril, hasta Sueca para que comiera con su padre.

Un rato después de dejarlo en el domicilio, la madre recibió un mensaje de su hijo en el que le pedía que fuera a por él. Algo no iba bien y ella se temió lo peor. De esta manera la mujer se apresuró por socorrer al pequeño desde Cullera, que era donde estaba, hasta Sueca.

De camino llamó a la Guardia Civil para pedir ayuda urgente dado que el hombre ya la había amenazado en ocasiones anteriores. También telefoneó a la madre del maltratador, que vivía muy cerca,para suplicarle que fuese lo más rápido posible a la casa, mientras ella llegaba, ya que temía por el niño tras ver ese mensaje. Ambas mujeres llegaron casi al mismo tiempo, pero el parricida hizo caso omiso a sus gritos y a su insistencia para que abriese la puerta.

En minutos, también llegó la primera patrulla de la Guardia Civil, que fue quien pudo abrir la puerta por la fuerza. Para entonces, José Antonio C. ya había asesinado a su hijo de 11 años a cuchilladas en lo que fue considerado un crimen de violencia vicaria.

Petición de la Fiscalía

Ahora, un año y ocho meses después de aquel brutal crimen, la fiscal no solo solicita por el delito de asesinato la pena de prisión permanente revisable, sino que le añade, además, otros 10 años más de libertad vigilada, que deberá cumplir una vez salga de prisión, algo que no ocurrirá hasta que haya cumplido como mínimo 25 años efectivos de cárcel. Solo a partir de ese momento podría revisarse la condena, y siempre y cuando la víctima, en este caso la madre del menor, estuviese de acuerdo.

Por ese delito, el Ministerio Público también solicita para el acusado 35 años de destierro de Cullera, el municipio de la madre, así como el mismo tiempo de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

En total, la fiscal acusa a José Antonio A. C. de seis delitos, por los que está previsto que sea juzgado por un tribunal popular, entre los días 18 y 22 de diciembre, es decir, dentro de poco más de diez días.

El delito principal es el de asesinato, unido al de lesiones psíquicas derivadas del crimen vicario, que ha llevado a la acusadora pública a solicitar, además de las penas ya detalladas, una indemnización de 300.000 euros para la madre de Jordi y otros 120.000 para los abuelos maternos -60.000 para cada uno de los dos-.

Así mismo, aprecia un delito de amenazas y otro de maltrato por el ataque de marzo de 2021; un quinto delito, este en la modalidad de continuado, de quebrantamiento de condena por el acoso constante a través de mensajes y llamadas a su exmujer y a sus familiares pese a que le habían impuesto la pena, en sentencia firme, de alejamiento y no comunicación con ella por ningún medio; y un sexto delito de maltrato psíquico y físico habituales, por la situación constante de violencia machista a la que estuvo sometiéndola durante años.

Por todos esos delitos, la fiscal suma otros 7 años de cárcel: tres por el maltrato habitual, dos por las amenazas, un año por los quebrantamientos y otro más por el maltrato físico de marzo de 2021. 

Destierro y 2.000 metros de alejamiento

Por los mismos delitos reclama otros 15 años de destierro de Cullera y el mismo tiempo de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella, ni directa, ni indirectamente.

En todos los casos, el alejamiento es de un mínimo de 2.000 metros, una distancia inusualmente elevada, que tiene relación, entre otras cosas, con la brutalidad del crimen, la ausencia de arrepentimiento del asesino confeso -llegó a culpar a su exmujer del asesinato alegando que "si hubiera vuelto conmigo, esto no habría pasado", y las graves secuelas que el asesinato de Jordi ha dejado en su madre.

Además, el informe realizado por los forenses aprecia "daño social en el ámbito familiar y en la vida de la madre" y señala que la mujer presenta una "importante alteración ansioso-depresiva consistente en miedo, nerviosismo, llanto tristeza, ánimo fluctuante, desesperanza, anhedonia, culpabilidad e incluso, ideación suicida, compatible con un trastorno depresivo" para el que continúa recibiendo tratamiento, aunque al menos su evolución es favorable.

Por todo ello, la fiscal solicita del tribunal del jurado que la madre de Jordi declare amparada por un biombo, para no tener que enfrentarse visualmente al asesino de su hijo, y que además pueda hacerlo a puerta cerrada, para garantizar su protección y anonimato.