Hacienda reforzará el control sobre pagos con tarjetas y Bizum desde 2026: cómo afecta

A partir de enero de 2026, las entidades financieras deberán informar mensualmente a la Agencia Tributaria sobre los movimientos bancarios, operaciones con tarjetas y transferencias a través de plataformas como Bizum. Esta nueva normativa, que entrará en vigor en menos de dos meses, establece un sistema de control mucho más exhaustivo sobre las transacciones económicas, afectando principalmente a autónomos y empresas, pero también incrementando la supervisión sobre los pagos realizados por particulares.

Hasta la fecha, los bancos solo estaban obligados a reportar cuando los cobros de profesionales superaban los 3.000 euros anuales. Con la nueva regulación, deberán comunicar todos los cobros sin límite mínimo, incluyendo aquellos realizados mediante tarjetas físicas o virtuales, terminales punto de venta y sistemas de pago móvil como Bizum.

Además, la información sobre cuentas bancarias y sus titulares pasará a comunicarse mensualmente, en lugar de anualmente como venía haciéndose hasta ahora.

Mayor control sobre las transacciones de particulares

Una de las novedades más relevantes para los ciudadanos es que, si el volumen anual de movimientos con cualquier tipo de tarjeta supera los 25.000 euros (aproximadamente 2.083 euros mensuales), la entidad emisora estará obligada a informar a Hacienda.

Este informe incluirá datos de los titulares y autorizados, el número de tarjeta, las cuentas vinculadas y el importe total tanto de abonos como de cargos, incluyendo retiradas en efectivo y pagos en establecimientos comerciales.

Obligaciones ampliadas para las entidades financieras

La normativa mantiene la obligación de informar sobre retiradas o ingresos en efectivo superiores a 3.000 euros. Además, amplía el alcance de estas obligaciones a entidades de pago y compañías extranjeras que operen en España, incluso si no cuentan con establecimiento permanente en territorio nacional.

Esta medida forma parte de la estrategia de la Agencia Tributaria para intensificar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, permitiéndole cruzar datos de manera más eficiente y detectar posibles discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos financieros reales de contribuyentes, tanto particulares como profesionales.