El Ministerio de Educación propone reducir ratios a 22 alumnos en Primaria y 25 en ESO para 2031

El Ministerio de Educación ha presentado un borrador para modificar las condiciones de enseñanza que propone una importante reducción en el número máximo de alumnos por aula. La iniciativa establece un límite de 22 estudiantes para Educación Primaria y 25 para Educación Secundaria Obligatoria, además de contemplar que el alumnado con necesidades educativas especiales compute como dos plazas, una medida largamente reivindicada por la comunidad educativa para garantizar una atención más inclusiva.

Este documento, presentado el jueves a los sindicatos de la Enseñanza pública no universitaria, forma parte de la negociación sobre las condiciones laborales del profesorado de cara a un nuevo Estatuto Docente. El texto, que aún está en fase preliminar, deberá ser debatido y votado en el Parlamento antes de su aprobación definitiva. La propuesta modifica la ley de 2017 de mejora de las condiciones para el desempeño docente en el ámbito no universitario.

El borrador no solo contempla la reducción de ratios, sino también una disminución de las horas lectivas del profesorado y medidas específicas para centros en zonas vulnerables. La aplicación de estas nuevas ratios será progresiva, comenzando en el curso 2027/2028 y completándose en el 2031/2032, lo que permitirá a las administraciones educativas adaptar sus recursos gradualmente.

Principales medidas para la reducción de ratios

La propuesta del Ministerio que dirige Pilar Alegría supone un cambio significativo en la configuración de las aulas españolas. Actualmente, la normativa permite hasta 25 alumnos en Primaria y 30 en Secundaria, por lo que la reducción planteada (a 22 y 25 respectivamente) representa una disminución considerable que busca mejorar la calidad educativa y la atención personalizada al alumnado.

Una de las medidas más destacadas es que "el alumnado con necesidades educativas especiales computará, con carácter general y sin perjuicio de su mejora por las Administraciones educativas, como dos plazas". Esta disposición podría reducir aún más las ratios efectivas en aulas con estudiantes que requieran atención específica, favoreciendo así la educación inclusiva.

Además, el anteproyecto contempla la asignación de recursos humanos adicionales para centros que registran mayor abandono escolar o están ubicados en zonas de vulnerabilidad social. Esta medida busca compensar las desigualdades educativas y ofrecer más apoyo donde más se necesita, siguiendo el principio de equidad educativa.

Reducción de horas lectivas para el profesorado

El documento también establece una rebaja en las horas lectivas semanales del profesorado en los centros públicos. Según el borrador, se fijan 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas reguladas.

No obstante, el texto contempla excepciones en estas últimas enseñanzas: "Con carácter excepcional, cuando la distribución horaria del centro lo requiera, las horas lectivas impartidas podrán superar el número establecido con carácter general, pudiendo alcanzar las veinte horas". En estos casos, se establece una compensación: la parte del horario que exceda de las 18 horas se compensará a razón de dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

El borrador especifica que se considera jornada lectiva un periodo inferior a 60 minutos, lo que aclara posibles interpretaciones sobre el cómputo de tiempo en la actividad docente. Esta medida responde a una demanda histórica del profesorado para mejorar sus condiciones laborales y la calidad de la enseñanza.

Calendario de implantación progresiva hasta 2031/2032

Una de las claves del borrador es su calendario de aplicación escalonada, que permitirá una transición ordenada hacia las nuevas ratios. Según la propuesta ministerial, las medidas comenzarán a implementarse en el curso 2027/2028 para el primer curso de Educación Infantil y Primaria.

En el año académico siguiente, 2028/2029, las nuevas ratios se extenderán a primero de Secundaria Obligatoria, mientras que en el curso 2029/2030 llegarán a primero de Bachillerato. De esta forma, el sistema se irá adaptando curso a curso, hasta que en el año académico 2031/2032 las nuevas ratios queden completamente implantadas en todas las etapas educativas.

Este modelo de implantación gradual permite a las administraciones educativas planificar la adaptación de infraestructuras y recursos humanos necesarios para cumplir con las nuevas exigencias, evitando así un impacto presupuestario brusco y facilitando la transición hacia un modelo educativo con grupos más reducidos.

El sistema educativo español y las ratios escolares

Las ratios de alumnos por aula han sido históricamente uno de los puntos más debatidos en las políticas educativas españolas. Desde la última crisis económica, que llevó a un aumento del número máximo de estudiantes por clase, las organizaciones educativas han reclamado constantemente una reducción para mejorar la calidad de la enseñanza.

Diversos estudios pedagógicos señalan que los grupos más reducidos permiten una atención más personalizada, un mejor seguimiento del progreso individual y una adaptación más efectiva a los distintos ritmos de aprendizaje. Además, facilitan la gestión del aula, la implementación de metodologías activas y la atención a la diversidad.

La propuesta del Ministerio se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, que ha señalado repetidamente la relación entre ratios reducidas y mejora de resultados educativos, especialmente en entornos socioeconómicos desfavorecidos.

¿Cómo afectará la nueva normativa a las comunidades autónomas?

Las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia educativa, deberán adaptar sus normativas y recursos a las nuevas ratios establecidas por el Ministerio. Esto supondrá un desafío presupuestario y logístico, especialmente en aquellas regiones con mayor presión demográfica o limitaciones de infraestructura.

La reducción de ratios podría implicar la necesidad de construir nuevas aulas o centros educativos en algunas zonas, así como ampliar las plantillas docentes para atender adecuadamente a todos los grupos. Las estimaciones preliminares apuntan a que serían necesarios miles de nuevos profesores en todo el territorio nacional para dar respuesta a esta reforma.

Los sindicatos educativos han acogido con satisfacción esta propuesta, aunque algunos consideran insuficiente el plazo de implantación hasta 2031/2032, reclamando una aplicación más rápida de las nuevas ratios, especialmente en las etapas educativas iniciales y en zonas con mayor vulnerabilidad social.