La nueva ley con la que el Gobierno quiere regular las publicaciones de los influencers: tendrán las mismas obligaciones que los medios tradicionales
El anteproyecto de ley para modificar el derecho de rectificación amplía su ámbito de aplicación a los creadores de contenido con más de 100.000 seguidores
Un abogado, sobre los influencers que publicitan estafas: "Su responsabilidad debe medirse por los principios de proporcionalidad y diligencia profesional"
Adara Molinero, Oriana Masrzoli o Naomi Asensi fueron algunas de las influencers que promocionaron a través de sus historias de Instagram una web de viajes de lujo que ha resultado ser una presunta estafa. Más recientemente, Rakitic y otros exfutbolistas del Sevilla FC han sido vinculados por un fraude masivo con criptomonedas que también difundieron en sus redes sociales. Estos son dos ejemplos de la cooperación de los creadores de contenido en actividades ilícitas, a la que el Gobierno busca poner coto a través de una nueva ley.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre el anteproyecto de ley para modificar la norma que regula el derecho a la rectificación de 1984 para garantizar este derecho al contexto de las nuevas tecnologías de la información. Se trata de una de las medidas contempladas en el Plan de Acción por la Democracia que busca reforzar los derechos fundamentales a la libertad de información y al honor.
Una de las principales modificaciones que recoge la nueva ley será la ampliación de su aplicación más allá de los medios de comunicación tradicionales. En concreto, los influencers o creadores de contenido con más de 100.000 seguidores en una única red social, o 200.000 seguidores acumulados en dos o más, estarán obligados a rectificar las informaciones falsas que publiquen. De igual modo, las plataformas que alberguen a estos "usuarios de especial relevancia" deberán establecer un mecanismo accesible para notificar la recepción de solicitudes y facilitar el seguimiento del proceso.
La solicitud podrá dirigirse al propio influencer
La ley motiva esta decisión al considerar que muchas veces los contenidos publicados por los influencers posee una trascendencia incluso mayor que la de los medios tradicionales. Así, la norma preserva el derecho de toda persona a rectificar la información de hechos que le aludan o cuya divulgación pueda causarle perjuicio.
En este sentido, los influencers estarán obligados a rectificar las informaciones falsas o inexactas que hayan difundido con las mismas condiciones que se exigen a la prensa tradicional. La rectificación deberá difundirse de manera íntegra, gratuita y con una relevancia semejante a la de la publicación original.
El anteproyecto incorpora asimismo otras novedades:
- Se amplía el plazo para que las personas afectadas puedan solicitar la rectificación de 7 a 10 días naturales.
- Se elimina el requisito de dirigirse al director del medio para solicitar la rectificación. No obstante, sí se permitirá enviarla directamente al propio influencer.
- Se incluye también la obligación de incluir aviso de que la información ha sido rectificada en plataformas y medios digitales con la obligatoriedad de enlazar la rectificación y la información original.
- Se amplía la potestad para solicitar la rectificación a las personas con discapacidad y a los familiares de personas fallecidas afectadas por bulos o información sensible que comprometa el derecho al honor.
En definitiva, los creadores de contenido con más de 100.000 seguidores deberán rectificar las informaciones falsas o inexactas que puedan causarle perjuicio, lo cual equipara su responsabilidad a la de los medios de comunicación convencionales.
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