Los equipos de gobierno presididos por Antonio Barrientos que manejaron las riendas de Estepona entre 2003 y 2008 no dejaron cabo suelto alguno. Los informes policiales incluidos en la última parte del proceso liberada del secreto sumarial revelan que la maquinaria municipal funcionaba gracias a una intrincada red de relaciones e intereses personales, familiares y empresariales a la que nada escapaba: desde un enchufe para la hija de un empresario local afín hasta el supuesto cobro de sumas de dinero por favorecer operaciones urbanísticas con las nutrir las arcas locales, actividades públicas fuera de fiscalización o los bolsillos privados y las campañas electorales.

La Policía señala al jefe de gabinete de Barrientos, José Flores como, "el auténtico tejedor" del entramado de relaciones y financiación. Barrientos, autodenominado Señor de los hilillos, presumiblemente por su capacidad de movimiento en el interior del Ayuntamiento, era quien se encargaba de acudir "a los concejales, negociar los convenios, elaborar listas electorales y preparar las órdenes de la junta de Gobierno". Los primeros denunciantes que dieron lugar a la investigación del caso Astapa lo señalaron como "el poder en la sombra", mientras que su primo, el asesor municipal Juan Simón, era "el auténtico gestor del Ayuntamiento".

La Policía incluso ha elaborado un esquema para explicar cómo funcionaba la maquinaria municipal en Estepona. El alcalde, al que suelen llamar El Pollo en las conversaciones telefónicas intervenidas, comparte protagonismo en el primer escalón con su jefe de gabinete y con el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y en menor medida la concejala de Playas, Marisa Rodríguez.

El empresario y abogado Daniel Delgado juega un papel destacado en el escalón inmediatamente inferior. En el procedimiento se alude a su figura como a la de "un gestor externo con facultades de gestión y ordenación en determinadas concejalías" por su influencia como "cabeza visible en el Ayuntamiento del colosal fenómeno urbanizatorio que representa Valle Romano", una promotora que presumiblemente hizo donaciones millonarias al municipio y financió la campaña electoral del PSOE.

Otro personaje relevante es el abogado Ignacio Pérez de Vargas, secretario de la fundación Antonia Guerrero, que presidía Barrientos, y representante de los intereses de los propietarios de los terrenos de la Herencia Nadal, al tiempo que también jugó un rol significativo en el convenio urbanístico de la finca El Rodeo, uno de los acuerdos que es objeto de investigación.

En la franja inferior aparecen ya los empresarios y, especialmente, los familiares. Los parientes del que era concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, tienen un papel estelar. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional señala con especial énfasis a los hermanos Vicente y Félix Delgado Algas. Según un informe policial "en la esfera familiar de Francisco José Zamorano cabría presumir un presunto trato de favor, centrado en la persona de dos de sus cuñados, hermanos de su mujer (...) quienes figuran en los órganos de dirección de varias empresas dedicadas a la construcción y cuyos intereses son defendidos por Francisco José Zamorano en el desarrollo de sus funciones públicas".Estos son los hermanos Delgado Algas que entre otras sociedades están al frente de la inmobiliaria Corales Dos Estepona que tenía dificultades para lograr la licencia de primera ocupación y pidieron la colaboración de Zamorano.

La promotora de los cuñados del concejal de Hacienda construyó en una zona conocida como El Carmen donde tuvo como compradores a la esposa del concejal de Hacienda, una cuñada y dos sobrinas, además de al concejal José Ignacio Crespo y su hermano, tres trabajadores del Ayuntamiento, entre ellos el actual alcalde, David Valadez, y a 15 empleados de diversas sociedades municipales, entre los que figuran el hermano de Juan Simón.

Zamorano utilizaba a su mujer, administradora única de la sociedad Lauzavi, para "recibir fondos procedentes de empresarios con intereses urbanísticos en la localidad, muchas veces previo paso por las sociedades de Juan Simón". Además, Lauzavi se nutría de ingresos aportados por los cuñados Delgado Algas. De hecho, entre 2005 y 2006 recibió cerca de 800.000 euros procedentes de firmas vinculadas a promotores como Valle Romano, sociedades de los cuñados de Zamorano y de la Empresa Municipal de la Vivienda de Estepona que le paga en concepto de arrendamientos 42.359 euros.

El tercer cuñado que aparece en escena es Federico Guardabrazo, hermano político del poderoso jefe de gabinete de Barrientos, José Flores. Guardabrazo es en la actualidad jefe del área de planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Marbella. De acuerdo con las pesquisas policiales existía "conexión societaria" entre Guardabrazo y Juan Mena, también cuñado de José flores, en sociedades como Zagorra Proyectos Urbanísticos o Eleven Desarrollos Inmobiliarios e, incluso, a través de Urbanismo y Gestión de Consultores, de la que era administradora la esposa del ahora jefe de planeamiento de Marbella.