El Tribunal Constitucional ha remitido a los letrados de la Junta y a la Abogacía del Estado una comunicación en la que da cinco días al Gobierno central para que se pronuncia sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión cautelar de la jornada laboral de 35 horas semanales de los empleados públicos andaluces andaluces. Antes del verano, el Ejecutivo del PP llevó al Tribunal Constitucional esta iniciativa del Gobierno socialista de Susana Díaz e incluyó en su petición la paralización de los efectos del decreto.

En el escrito el Alto Tribunal da por recibidas las alegaciones presentadas el 29 de septiembre por los letrados de la Junta y del Parlamento andaluz al recurso del Gobierno central contra el Decreto-Ley de la Junta del 11 de octubre de 2016 que devolvía a los empleados públicos andaluces la jornada laboral de 35 horas semanales que durante la crisis fue elevada a 37,5 horas por el Gobierno para todos los funcionarios de todas las administraciones públicas.

En base a este Decreto-Ley, los funcionarios andaluces disfrutaron desde enero de la jornada de 35 horas a excepción de los docentes, a los que se les empezaba a aplicar progresivamente al inicio del curso actual. La suspensión cautelar puso en apuros a la Consejería de Educación al no poder aplicárselo a los docentes al inicio de curso aunque ya había hecho la planificación de plantillas por centros en base al nuevo horario y por tanto con más docentes.

La Junta presentó el pasado viernes sus alegaciones a este recurso en las que pide el levantamiento de las suspensión cautelar y ahora el TC da traslado a las partes de las mismas e insta al "Abogado del Estado y a la representación legal del Parlamento de Andalucía para que en el plazo de cinco días expongan lo que consideren conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión".