La pobreza y la exclusión social afectan a 3,5 millones de personas en Andalucía, lo que supone que el 41,7 % de la población andaluza "vive ajena a la recuperación económica", según los datos del informe que ha presentado la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (APDHA). Se trata de datos que ha puesto sobre la mesa el coordinador general de la asociación, Valentín Aguilar, que ha pedido "compromisos serios" de las administraciones para solucionar esta situación, que se sigue dando "cuarenta años después de la manifestación que pedía igualdad para todos los andaluces".

En la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, Aguilar ha entendido que es indispensable "un compromiso formal del Gobierno andaluz con la situación de pobreza", con unas dimensiones que ha calificado de "descomunales", porque "dos de cada cinco ciudadanos andaluces viven en situación de pobreza y exclusión social".

"Malviven, y decimos la palabra malvivir porque la realidad nos dice que no hay recuperación económica, sino unas cifras de pobreza reales, palpables y a pie de calle", ha subrayado Aguilar, que entiende que "es prioritario cubrir las necesidades básicas de personas que tienen dificultades para llenar la nevera, pagar la luz o vivir con lo básico".

Las cifras se recogen en el informe sobre la exclusión social en Andalucía, donde se hace un balance del cumplimiento de los derechos humanos en materia de vivienda, servicios sociales, empleo y pobreza, resaltando que "a pesar de que se dice que hay una recuperación económica, hay esta situación que se puede ver cercana, a pie de calle".

Valentín Aguilar ha apelado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que invierta "las mismas horas que emplea en asuntos como el debate de Cataluña, que es interesante, a intentar solucionar este problema".

Los datos globales presentados por la asociación señalan que el 78,1% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, el 33,11 % de la población de menos de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza, uno de cada cuatro parados españoles es andaluz o diez de los quince barrios españoles más pobres se encuentran en Andalucía.

Por su parte, el coordinador del área de marginación, Óscar Mitillo, ha alertado de la situación en torno a los desahucios que sufren todavía muchas personas por no poder pagar sus hipotecas o alquileres, que, según ha señalado, se aprecian no sólo en torno a empresas privadas o bancos, sino a empresas públicas que gestionan ayuntamientos, de las que ha dicho también que mantienen sus inmuebles en malas condiciones de mantenimiento.

Por eso, ha dicho, "hay muchas personas que se ven obligadas a ocupar viviendas que, en ocasiones, son propiedad de bancos, lo que supone no sólo transgredir la ley, sino tener la intranquilidad de no saber qué puede pasar" y las acciones legales que se pueden sufrir, a pesar de que "hay miles de viviendas vacías y miles de familias sin derecho a ellas".

Mitillo ha asegurado que los desahucios "no sólo no han descendido, sino se han aumentado, ya que de los 26,2 diarios que se daban en 2016 se ha pasado a los 30,6 de media que se dieron en el primer semestre de 2017", por lo que ha reclamado "la paralización de los desahucios de las primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos".

Ha alertado también del auge de los asentamientos chabolistas en los últimos años, "no sólo en Sevilla capital, donde sigue existiendo el del Vacie, que es el más antiguo de Europa, sino en otras provincias, donde se aprecian asentamientos con motivo del auge de la inmigración.

Por ello, ha reclamado la creación "de un plan participativo multidisciplinar para la erradicación del chabolismo", para intentar solucionar una situación "en la que nada se ha avanzado en los últimos años", implicando incluso a los empresarios agrícolas en el caso de los que se encuentran en localidades que asumen mano de obra en las campañas agrarias que hacen de efecto llamada.