Un simple vistazo al diagrama de flujos financieros del Sistema Nacional de Salud (SNS) que ilustra esta página explica ya muchas cosas sobre el debate de la financiación sanitaria. Entre ellas, por qué cada vez que se habla de crisis aparecen llamamientos a favor de los recortes de prestaciones y de la imposición de aportaciones extra personales e indiscriminadas (copago) por utilizar los recursos públicos. Unos recursos por los que ya se ha pagado una vez, vía impuestos. Un concepto, el de copago, que ya existe en la prestación farmacéutica en el caso de los cotizantes-currantes. Hay muchas válvulas que abrir o cerrar en la fontanería de la circulación del dinero a lo largo del SNS. ¿Que por qué, sin embargo, siempre se va a lo mismo? Pues porque es lo más fácil. No todos los fontaneros del sistema están dispuestos a arremangarse para hacerlo viable. Otros, sin duda, creen que la viabilidad no es una opción, sino una obligación irrenunciable. De eso va el Consejo Interterritorial de Salud de mañana.

Desde la asunción en los relatos de la agenda pública del hecho de la existencia de la crisis, han proliferado como hongos los informes-recetario para redefinir la prestación de servicios en España en el ámbito de la salud.Todos esos informes (algunos de aquilatada calidad técnica) coinciden en que en la sanidad pública hay déficit; de entre 7.000 y 15.000 millones de euros, según el experto que haga las cuentas. De ahí salen algunas de las recomendaciones (históricas, aunque hogaño redivivas por algunas eximias voces) en el sentido de la necesidad de incrementar el gasto sanitario público en un punto más del PIB español. Cada vez que se ha afrontado políticamente este asunto, ha aparecido dinero extra: el Estado se lo da a las autonomías (que también son Estado) con la recomendación, como las abuelas antiguas, de que no se lo gasten en otras cosas. Pero, claro, a ver quién es el consejero sanitario capaz de arracancar ese jugoso filete de las mandíbulas de acero de los departamentos de gestión económica y fiscal de su propio gobierno regional.

Hace poco, el ahora candidato socialista Rubalcaba habló de 8.000 millones; saldrían de la estabilización de la recaudación del IVA y el vería bien que se destinasen a sanidad. Con una fineza de discurso propia de su trayectoria política, Rubalcaba no apostó claramente por el carácter finalista de ese dinero. Y es previsible que nadie en su partido lo haga, salvo por consenso general en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: el más federalista de los partidos nacionales no le va a decir a los gobiernos regionales cómo tienen que gastar el dinero. Otra cuestión es incorporar a un programa electoral el refuerzo de la financiación estructural del gasto sanitario: lo del punto más de PIB. Y sacar el dinero de sumar a esos 8.000 millones, por ejemplo, un incremento de los precios de facturación a terceros (pacientes de la privada y extranjeros), subir los impuestos sobre el alcohol y el tabaco y los ahorros generados por la mejora en la gestión de los recursos del propio sistema sanitario en recursos humanos (la mitad del gasto son sueldos) y compras de tecnología (el medicamento también es tecnología y se lleva un cuarto del pastel). Pero esa propuesta sólo tiene la validez conferible a un programa electoral en fase embrionaria y, sobre todo, el Consejo Interterritorial que se va a encontar la ministra socialista Pajín no es el mismo, precisamente, que el anterior al 22-M. Esas elecciones, como dijo hace poco Rita Barberá en la Intermunicipal del PP, le han dado una manita de pintura azul al mapa de España. Eso también es así en sanidad; todo el mundo va a estar de acuerdo en que haya más recursos. Pero la decisión de que sean o no finalistas va a quedar en manos de la voz directa de los ciudadanos, si es que este asunto consigue calar en la reflexión a pie de calle: si la gente quiere dinero específico para sanidad, tendrá que pedir que lo reflejen los programas electorales. La experiencia dice que ningún partido con opciones de gestionar el presupuesto va a asumir esa hipoteca de manera, digamos, voluntaria.

Y la deuda. Ah, la deuda. Que no es lo mismo que la insuficiencia financiera de la sanidad. No pagar a las farmacias (Castilla-La Mancha), tener que montar una operación de tesorería a varias bandas para abonar esa factura (Murcia) o tener una de las ronchas más grandes del Estado en medicamentos de hospital (Andalucía) suponen un problema de respuesta a los proveedores, no de viabilidad del sistema. Un problema acuciante, que alcanza hoy niveles dramáticos, incluso indecentes, especialmente en el caso de los pequeños suministradores. Ya hay quienes plantean, como la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, que ese problema compartido tiene que resolverse ya, para no asfixiar a los proveedores, y que ahí podría tener un papel clave el Instituto de Crédito Oficial.

Cuando se le pregunta a la gente que qué opina de todo esto, sólo un 4,7% (Barómetro Sanitario de 2009) dice que el sistema público está tan mal que hay que rehacerlo. Pero, ojo, el 73,3% pide cambios y sólo un 21,2% de la ciudadanía opina que funciona bastante bien. Ésas son las instrucciones de los dueños de la maquinaria que ahora los fontaneros tienen que reparar. La gente sabe lo que hay; no espera soluciones mágicas ni salvamentos en plan deus ex machina. Sólo pide que no la engañen. Ya está cansada de que lo hagan. Muy cansada.