Andalucía

Investigación del TSJA al parlamentario por un piquete el 29-M

  • El tribunal entiende que pudo haber un delito contra los trabajadores en Estepa

El pasado 29 de marzo, huelga general, Sánchez Gordillo tuvo también una actuación polémica que ha conllevado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordene la incoación de diligencias previas por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores por la actuación del líder del CUT-BAI en un supermercado de Estepa.

La Sala Civil y Penal del TSJA analizó el informe elaborado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepa (Sevilla) en el que se describe los hechos que tuvieron lugar ese día. Así, según el auto mediante el cual el alto tribunal andaluz se declara competente para investigar los hechos, se relata que Sánchez Gordillo y otro de los sindicalistas, Antonio Pineda, "a la cabeza de gran cantidad de personas de Marinaleda" -donde el diputado autónomico es alcalde- "acudieron a diversos locales comerciales de la localidad de Estepa" para ejercer, en teoría, la labor de piquetes informativos. Esa actitud derivó, según las mismas fuentes, en "amenazas y coacciones de causar daños" realizadas contra los trabajadores de los establecimientos que decidieron no secundar la huelga general. Asimismo, amagaron con "realizar sus compras al grito de que pese a que no llevaban dinero, nada les pasaría si cogían artículos por importe inferior a 400 euros". Esta actitud fue la que, según el TSJA, obligó "a cerrar sus instalaciones y a secundar de esta manera la huelga" a aquellos empleados que en esos momentos se encontraban en su puesto de trabajo.

La Sala Civil y Penal del TSJA, según las mismas fuentes, además de declararse competente para la instrucción de los hechos, admite a trámite la denuncia interpuesta contra Sánchez Gordillo -que se encuentra de marcha jornalera por Andalucía y que los próximos días 30 y 31 de agosto recalará en Granada- por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores. En el mismo documento se señala que se ordena la incoación de diligencias previas, al tiempo que se designa a un magistrado como instructor y ponente de tramitación, informaron las mismas fuentes.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios