Los expertos nombrados por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para proponer la reforma del sistema universitario español quieren reforzar la capacidad ejecutiva de los rectores y darle más perfil político a cambio de restarle protagonismo a la comunidad universitaria. Además, plantean que las universidades no puedan incorporar durante tres años a los doctores que titulan, aunque sí podrán contratar directamente y sin necesidad de acreditación previa a investigadores y docentes.

Las universidades en la actualidad tienen plena autonomía para elegir a sus rectores. Unas optan por el sufragio universal dentro de la comunidad universitaria y otras prefieren que sean los claustros los que decidan quién será su máxima autoridad. El informe de los expertos de Wert plantea un cambio drástico, dando entrada a las comunidades autónomas en esta decisión y dibujando un perfil de rector más acorde con el de un gestor. La propuesta recomienda que el consejo social y el consejo de gobierno que ahora operan en las instituciones académicas se reunifiquen en un único órgano en el que, además, tengan cabida las comunidades autónomas y que sea este el órgano encargado de elegir al rector.

Ese consejo de universidad, de acuerdo con el criterio de los autores del informe, debería estar compuesto por 20 o 21 miembros, de los que el 50% sería propuesto por el claustro. La comunidad autónoma tendría capacidad para nombrar otro 25%, con el fin de garantizar la "participación efectiva de la sociedad civil". El 25% restante proponen que sea elegido por el gobierno autonómico o la universidad entre figuras académicas internas o externas "de especial prestigio para el desarrollo de cada proyecto universitario". De esta forma, el claustro, es decir la comunidad universitaria elegida en sufragio, tendría serias dificultades para bloquear el nombramiento de un rector.

Por otro lado, el informe indica que los decanos y directores de facultades y escuelas, en lugar de ser elegidos por sus centros como ahora, sean nombrados directamente por el rector. Junto a estos cambios en el sistema de elección de las autoridades académicas, el estudio, entregado al ministro Wert el 12 de febrero, también pone sobre la mesa nuevas vías para la incorporación de docentes e investigadores en las universidades. Ofrece dos caminos para la contratación permanente. Por un lado la vía para convertirse en funcionario pasaría por un sistema de acreditación nacional con un número de plazas ajustado a la demanda. La segunda vía es la contratación directa, sin necesidad de acreditación previa, de doctores. En este caso no se accedería a la condición de funcionario, pero sí podría ser una relación laboral indefinida. Los expertos sostienen que esta es una fórmula que garantiza la internacionalización de las plantillas.

La endogamia universitaria también merece un apartado. La investigación recomienda "impedir cualquier tipo de contratación por una universidad de un doctor propio, salvo que hubiera estado previamente vinculado a otra universidad, institución académica o centro investigador español o extranjero por un periodo no inferior a 36 meses".

Para reforzar el carácter abierto de las instituciones, los expertos de Wert animan a que se hagan convocatorias internacionales para elegir tanto a las plantillas docentes e investigadoras como a los propios rectores. El titular de Educación anunció en abril que nombraría una comisión de expertos para que en seis meses le pusiera sobre la mesa un estudio con recomendaciones para una reforma, dado que consideraba "desproporcionada" la relación entre los resultados obtenidos y la inversión en educación superior.

Diez meses después el informe está sobre su mesa, aunque los expertos no han conseguido consensuar los puntos más importantes. Dos de ellos, el catedrático de Derecho Constitucional del País Vasco Óscar Alzaga y Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público de La Rioja, han firmado una addenda en la que se muestran contrarios a la participación de las comunidades autónomas en la elección de los rectores y del sistema de contratación directa. Tampoco comparten la restricción de las plazas para acreditarse y acceder a la condición de funcionario en la universidad.