La operación Susana culminó esta semana con un notable éxito para José Antonio Griñán, el presidente de la Junta y el principal artífice de esta sucesión dirigida. Cansado de gobernar y, en cierto modo, hastiado del modo de hacer política, el presidente consiguió que su candidata, Susana Díaz, saliese elegida en unas primarias donde no hizo falta llegar a la votación del próximo 29 de julio por falta de avales de los demás aspirantes. Una vez sucedido esto, Griñán dio un paso más en su precipitada salida, y el martes anunció una dimisión que se hará efectiva el 27 de agosto. A principios de septiembre, en cualquier caso el día 6, Susana Díaz, la actual consejera de Presidencia, será la primera presidenta de la Junta y la quinta en asumir el cargo.

La dimisión de Griñán cogió por sorpresa a la propia Díaz; el presidente la maduró durante el pasado fin de semana, cuando aumentó la "presión mediática" sobre el futuro de la legislatura: que si elecciones anticipadas, que si dimisión presidencial en noviembre… Una suerte de inestabilidad fomentada, especialmente, desde el propio palacio de San Telmo. Esto, inevitable en toda sucesión anunciada desde antes, y el caso de los ERE, fueron los factores que llevaron a Griñán a adelantar su dimisión. En su entorno recuerdan que, cuando el presidente convocó las primarias, aún no se sabía que la juez Mercedes Alaya iba a llamar a declarar el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez. Sin embargo, sí hay un hecho que ha pesado durante estos días en el presidente: la imputación de Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia, ex director general de Presupuestos y una de las personas de verdadera confianza de Griñán. Un amigo. Con esta carga emocional y movido por su éxito en las primarias, el presidente comunicó su marcha en una intervención en la que aportó un comentario revelador sobre su preferencia. Aseguró que, una vez que la candidata elegida era también parlamentaria autonómica, podía producirse el relevo presidencial y su salida. Si Luis Planas, el consejero de Agricultura, hubiera vencido en las elecciones internas, Griñán sólo podía haberse marchado con una convocatoria anticipada de elecciones, porque el candidato no hubiera sido parlamentario y, por tanto, no habría podido ser elegido por la Cámara andaluza.

Así, que Griñán se fue. El martes se reunió en Ferraz con Alfredo Pérez Rubalcaba y su segunda, Elena Valenciano, y se lo comunicó. A Susana Díaz, que esperaba una dimisión en otoño, se lo contó días antes. Un Consejo de Gobierno que estaba previsto para el martes 6 de agosto se ha suspendido, y el próximo jueves, 1 de agosto, se celebrará la última reunión de su gabinete antes de que la dimisión se haga efectiva a finales de mes. Después, vendrá una nueva presidenta y un nuevo Gobierno, posiblemente muy cambiado, casi todos los rostros nuevos: sólo los tres consejeros de IU, incluido el vicepresidente, Diego Valderas, tienen asegurada la permanencia en virtud del acuerdo al que Susana Díaz ha llegado con la formación de izquierdas.

Susana Díaz se tomará unos días de vacaciones antes de comenzar a diseñar el nuevo Gobierno. En su entorno, explican que la candidata, presidenta in péctore ya, quería tomarse una semana de asueto después de la campaña de las primarias, cuando se recorrió Andalucía en busca de avales y tejió nuevas alianzas con los dirigentes provinciales del PSOE. Mantendrá ese plan, aunque lo acortará. Primero, esperará a que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana entrante, donde el Gobierno central fijará el techo de gasto para los Presupuestos del año 2014, y se irá unos días. Esta reunión del CPFF es un hito de la legislatura, y más cuando de ello no sólo dependen las cuentas de ese ejercicio, sino el propio pacto con IU. No obstante, Díaz y Antonio Maíllo, el líder de IU, junto con Diego Valderas, tienen muy claro que la coalición seguirá adelante. Díaz se reunió el viernes con la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, para perfilar esa reunión en Madrid con el ministro Cristóbal Montoro.

Desde el entorno de Díaz, se explica que ella aún no ha pensado en los nombres que formarán su nuevo gabinete. Sí se explica, sin embargo, que la candidata está hablando, y lo seguirá haciendo, con muchos viejos dirigentes del PSOE para analizar la nueva situación o lo que, en su círculo llaman, los "nuevos tiempos". Entre las personas con las que Díaz quiere hablar se encuentra el ex presidente Manuel Chaves, con quien la candidata no ha mantenido buenas relaciones en los últimos años. También Griñán, claro está, pero si algo ha venido explicando a lo largo de estas últimas semanas a su partido es que hay "un borrón y cuenta nueva" en las relaciones internas dentro del PSOE. Otras fuentes socialistas, mantienen que la presidenta tendrá que borrar de su gabinete cualquier elemento de relación con el caso de los ERE, de tal forma que los señalados por la instructora Mercedes Alaya no seguirán en el Gobierno, con independencia de lo que se opine sobre la honestidad de estas personas. "Para la juez, imputables somos todos, incluso Pablo Iglesias", bromea uno de los parlamentarios con más experiencia en el PSOE. No obstante, la consejera de Hacienda, Martínez Aguayo, es la que más problemas puede tener, toda vez que ella sí reconoció que recibió los informes de intervención en los que se advertía de irregularidades en el sistema de concesión de las ayudas, aunque no se lo trasladó a Griñán al no ser informes de actuación, lo que hubiera obligado a paralizar el sistema y ser analizado en el Consejo de Gobierno.

El otro consejero es Antonio Ávila, de Economía y Empleo. Realmente, como en el caso de Antonio Lozano, su única relación con los ERE es que estuvieron en la Consejería de Economía y Hacienda con Griñán, pero Mercedes Alaya considera que son imputables todos aquellos relacionados con la aprobación y ejecución de las ayudas, incluidos quienes elaboraban los presupuestos, ya que la partida 31L se aprobaba todos los años en el Parlamento.

En el círculo de Griñán se considera que la declaración del ex interventor Manuel Gómez no ha aportado ningún elemento contundente más allá de lo que, en su opinión, la juez quería oír. De hecho, en lo sustancial, fue ella la que aseguró en el interrogatorio que daba por hecho que el hoy presidente había recibido los informes. Griñán será elegido, con toda probabilidad, senador por designación autonómica, con lo que seguirá aforado por el Tribunal Supremo.

Tanto Martínez Aguayo como Antonio Ávila forman parte del equipo económico con el que Griñán inauguró sus mandatos al frente de la Junta de Andalucía. Políticos con perfiles muy técnicos, son consejeros que le han dado solidez a los gabinetes. Aguayo, por ejemplo, es una de las consejeras autonómicas, junto con su homólogo catalán, que más cuentan en las reuniones con Cristóbal Montoro. No obstante, ambos son parlamentarios andaluces, por lo que, en caso de que Alaya los quiera imputar, deberá solicitar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estudie la causa y que sea en esta instancia donde se juzguen si se considera que hay argumentos para ello. Sin Ávila y sin Martínez Aguayo, el Gobierno de Susana Díaz ya será muy distinto.

Además, hay un segundo factor. Buena parte del gran apoyo que Susana Díaz ha conseguido dentro del PSOE se debe al acuerdo alcanzado con la mayoría socialista de Jaén, una provincia que ha sido muy crítica con José Antonio Griñán. Ése ha sido el éxito de Díaz: devolver al PSOE, al menos de momento, una tranquilidad de la que no disfrutaba desde que comenzó a rumiarse la sucesión de Manuel Chaves. Porque es ése el ciclo que se parece cerrar este partido: la sucesión del ex presidente, porque Griñán -es cierto- ha sido un dirigente de transición que ha escogido su propio camino, pero por edad y cultura política, es de la misma generación que Chaves. Debido al acuerdo con Jaén, se da por seguro la salida de la actual consejera de Educación, Mar Moreno, que lo fue también de Presidencia y que, en su día, fue una de las sucesoras virtuales de Manuel Chaves. Además, las relaciones entre ambas no son buenas, más allá de las apariencias. Díaz tendrá que escoger a un consejero o consejera de esta provincia que guarde afinidad con Francisco Reyes, su secretario general.

En principio, no parece que Díaz vaya a contar con más obligaciones territoriales y de partido a la hora de diseñar su nuevo Gobierno. En cierto sentido, ya Griñán rompió con la cuadratura de las cuotas provinciales, debido en parte, eso sí, al acuerdo con IU y a la reducción del número de consejerías. Donde Díaz sí contará con estas imposiciones será en el próximo congreso del PSOE andaluz, que será extraordinario, aunque, por ahora, nadie tiene prisas en convocarlo. Las tres semanas vividas en el Gobierno y en el PSOE han sido fugaces, y parece que no hay ganas -tampoco tiempo- de convocar un congreso extraordinario. El PSOE federal celebra su Conferencia Política en noviembre; de ella, debe salir la obligatoriedad de elecciones primarias, incluso para elegir al secretario general, y debe definirse el proyecto federal de este partido. Una vez pasado noviembre, los socialistas andaluces comenzarán a pensar en su nueva Ejecutiva. Se calcula que Susana Díaz contaría con cerca del 80% del apoyo del partido para ello, y sería en su nueva dirección de partido donde sí entrarían los críticos que ella se ha ganado hasta ahora.

"Son nuevos tiempos, una nueva forma de hacer política, incluso de hablar y de comunicar". Así se define el estilo que Susana Díaz quiere marcar a su Gobierno. Es cierto que la candidata es consciente de que la desafección hacia los partidos es muy grave y que el PSOE ha dejado por camino a buena parte del voto progresista andaluz. Su objetivo es recuperarlo en parte, aunque hay algo que quizás no reconozcan, pero que la candidata sí lo ha hablado con los militantes: con la fórmula de coalición con IU, su deseo es gobernar Andalucía durante otros 16 ó 20 años. Sus horizontes son lejanos, pero una vez elevada por su partido, serán los andaluces quienes decidan -ésta vez sí- en unas elecciones con urnas.