La imputación de los 16 vocales de los distintos consejos rectores del IFA/IDEA entre los años 2001 y 2008 se fundamenta básicamente, según el nuevo auto de la juez Mercedes Alaya, en la asistencia a las distintas sesiones y la votación, en su caso, de las distintas autorizaciones para suscribir convenios con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo para la concesión de las subvenciones actualmente bajo investigación judicial.

Algunas fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron ayer que no sería suficiente para sostener una imputación penal la asistencia a una reunión de un consejo rector y la votación a favor de esos convenios, sino que en cada caso habría que demostrar una participación directa y concreta en los delitos de prevaricación, malversación d caudales públicos y falsedad documental que se atribuyen a los 16 nuevos imputados, entre los que se encuentran destacadas personalidades del mundo económico. Las fuentes ponen como ejemplo la reciente postura de la Fiscalía de Sevilla que se ha opuesto a que se impute al ex alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a otros miembros de la junta de gobierno local en la causa abierta por las irregularidades detectadas en las subvenciones concedidas a la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación (DeSevilla). En esa junta de gobierno local se aprobaron las ayudas, pero los asuntos que se llevaban a esa reunión se hacían como "mero trámite", puesto que el verdadero debate sobre las mismas se realizaba en un consejillo de técnicos que tenía lugar previamente a esa reunión.

Con el consejo rector de IDEA y en la mayoría de los consejos de administración de empresas públicas sucede algo similar: los asuntos que llegan para su aprobación vienen precedidos de propuestas al director general, con sus correspondientes análisis e informes técnicos. Sobre esta base, la mera asistencia y votación en esas reuniones resultaría insuficiente para atribuir las posibles responsabilidades penales, puesto que sería necesario individualizar y concretar la participación directa de cada imputado en el fraude.

En el caso de los nuevos imputados, la imputación se basa en la votación de los convenios y en el hecho de que, según Alaya, todos los vocales eran conocedores del "procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad, a cambio de agilidad en el otorgamiento y pago de las subvenciones del programa 31L, a través de la presupuestación y uso inadecuado de las transferencias de financiación, omitiéndose burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de tales subvenciones". En definitiva, Alaya cree que todos los vocales imputados tenían conocimiento de la ilegalidad de un sistema que había puesto en marcha la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas.

La instructora sí realiza una imputación más detallada respecto al que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta entre los años 2001 y 2008, Francisco del Río Muñoz, del que Alaya sostiene que, como uno de los "máximos valedores de la legalidad de en la Junta", participó en esa "actuación abiertamente al margen del Derecho". Dice la magistrada que Del Río "por su especial formación" debía conocer "al igual que el resto del Consejo" que la figura de las transferencias de financiación "sólo podían estar destinadas a financiar las pérdidas de IFA/IDEA y que además la consejería competente para financiar a la agencia desde mayo de 2004 no era la Consejería de Empleo, sino la Consejería de Innovación a la cual estaba adscrita IDEA", advierte el nuevo auto.

Alaya analiza en el extenso auto -de 95 folios- la asistencia y votación de cada uno de los vocales a las sesiones del consejo rector de IDEA. En el caso de Braulio Medel -que fue viceconsejero de Economía en 1986 y desde 1991 presidente de Unicaja-, la juez señala que en siete años sólo asistió a "tres" de las 32 sesiones analizadas, con una media de diez sesiones por año, por lo que se ausentó en 29 ocasiones. En las tres sesiones a las que asistió "votaría a favor de la autorización de dos convenios", y en otras 27 delegó su representación en el presidente. Para Alaya, "llama poderosamente la atención que se le mantuviera en el cargo durante tanto tiempo, no asistiendo habitualmente a las sesiones, de lo que cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito".