El Tribunal Constitucional ha acordado, según recoge el Boletín Oficial del Estado, admitir a trámite el conflicto de competencias promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra varios artículos del decreto que regula la dispensación de medicamentos por parte de los enfermeros.

Según la Junta, el Gobierno andaluz había acordado el pasado febrero requerir al Gobierno de la nación la derogación de varios apartados tras el estudio de esta norma a instancias de la Consejería de Salud, por invasión de competencias. En marzo el Consejo de Ministros rechazó este requerimiento, ante lo cual el Gobierno andaluz interpuso el 6 de abril un conflicto positivo de competencias ante el TC.

El Gobierno andaluz considera que existe doctrina constitucional suficiente para afirmar que el Estado está conculcando atribuciones que las comunidades autónomas tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación.

Según el análisis del gabinete jurídico de la Junta, son competencia de las comunidades autónomas los aspectos relacionados tanto con este requisito y su obtención como con la gestión de los programas formativos y, en su caso, la ampliación de los contenidos mínimos de los protocolos y las guías aprobadas o validadas por el Estado. Andalucía es actualmente la única comunidad autónoma donde está regulada la dispensación enfermera por un decreto aprobado en 2009 para esta prestación que permite a los enfermeros la indicación de algunos fármacos y productos y, por tanto, agiliza y mejora la atención a los usuarios de la sanidad pública andaluza.