La Comisión Europea está pendiente de la publicación de un informe con las conclusiones de la investigación sobre 165 exenciones fiscales -tax rulings- concedidas por el Gobierno de Gibraltar entre 2011 y 2013. La Dirección General de Competencia inició en junio de 2012 un expediente a instancias del Gobierno de España, que sospechaba que el Ejecutivo del Peñón concedía ventajas a empresas que no estaban radicadas en el territorio gibraltareño. Es decir, que aprovechando su baja tributación atraía a empresas que en realidad tenían su actividad en España y tan solo pretendían huir del fisco español.

Londres se opuso en principio a la publicación de esta lista por razones de confidencialidad. Aunque el informe ya ha sido remitido al Reino Unido, el documento no se ha publicado "tal y como exige España", porque el Gobierno gibraltareño solicitó a la UE que pospusiera el anuncio hasta después del referéndum del Brexit. Ayer se cumplieron tres meses y el documento sigue sin hacerse público.

Según Hacienda, España pierde casi mil millones de euros al año por el régimen tributario del Peñón. En 2015, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, afirmó que los tax rulings, pueden ser "herramientas útiles", pues proporcionan a empresas la seguridad jurídica necesaria, pero en algunos países "se han utilizado malintencionadamente", lo que ha generado "competencia fiscal desleal", en referencia a la Roca.

En el informe, Bruselas entiende que las autoridades fiscales de Gibraltar emiten tax rulings a entidades residentes en Gibraltar y a no residentes aduciendo que los ingresos que perciben se derivan de actividades llevadas a cabo fuera del territorio gibraltareño y que se consideran exentas de tributación en virtud del Principio de Territorialidad aplicado en Gibraltar.