El I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2010-2013), aprobado por el Consejo de Gobierno, contará con un presupuesto de 2.978,5 millones para sus cuatro años de vigencia y dará preferencia en las adjudicaciones de contratos de la Junta a las empresas con planes de igualdad.

Consensuado con asociaciones de mujeres y organizaciones sociales y económicas, el Plan recoge 316 medidas que desarrollarán todas las consejerías de la Junta con la idea de desarrollar la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y de eliminar las discriminaciones laborales, educativas, culturales y sociales.

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, el documento incluye un análisis de los principales indicadores de desigualdad, entre ellos la tasa de actividad femenina (22 puntos por debajo de los hombres), la desigualdad salarial (un 33,5% menos de media) o que hay 616 mujeres con contrato a jornada parcial por cada 100 hombres.

El catálogo de los desequilibrios refleja también que el 80% de las mujeres que trabajan se ocupan también de las labores del hogar, frente al 36% de los hombres empleados o su difícil acceso a los cargos directivos públicos y privados, una situación a la que no escapan las empresas públicas de la Junta en las que sólo el 18 por ciento de las gerencias están ocupadas por mujeres.

Para dar la vuelta a estos indicadores, el Plan prevé en el mundo del trabajo incrementar las acciones positivas a favor de la contratación indefinida de las mujeres que hayan dejado los empleos por maternidad o cuidados familiares, a las que tienen una discapacidad o son víctimas de la violencia de género. Se crea una marca de excelencia en igualdad para aquellas empresas que desarrollen planes en la materia, firmas que tendrán preferencia en la adjudicación de contratos por parte de la Administración autonómica.

Las acciones para el empleo cuentan con un presupuesto de 467,3 millones y se completan con el establecimiento de protocolos de actuación frente a situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. El Plan da especial relevancia a las iniciativas para la conciliación del horario laboral y familiar, bloque que acapara más de la mitad de los recursos financieros consignados (1.629,1 millones de euros).

Entre estas medidas destaca la extensión de la red de escuelas infantiles para menores de tres años a polígonos industriales y parques tecnológicos y el reforzamiento de los servicios de aula matinal, comedor y taller de juegos en los centros con primer ciclo de Educación Infantil. En materia educativa (425,2 millones) incluye medidas para fomentar la coeducación, incorporar enseñanzas de igualdad en todos los planes de estudios universitarios y garantizar un reflejo equilibrado, en el material curricular y los libros de texto. Otra de las novedades se refiere a la presencia obligatoria en los consejos escolares de al menos una persona con formación especializada en igualdad.

En bienestar social (258,1 millones) incorpora la perspectiva de género a todas las actuaciones del Sistema de la Atención a la Dependencia. Navarro ha adelantado la intención de la Junta de reforzar el programa de atención jurídica gratuita para quienes sufren precariedad económica a causa del impago de pensiones compensatorias o alimentarias y habrá nuevas acciones para las mujeres en riesgo de exclusión social. Las medidas dedicadas a la salud (103,5 millones) se dirigen fundamentalmente a realizar investigaciones sobre problemas que afectan específicamente a las mujeres.

Para asegurar la efectividad de las medidas, el Plan prevé la creación de la Comisión de Coordinación de las Políticas Autonómicas y Locales para la Igualdad de Género y el Observatorio de la Igualdad, que se encargará de vigilar y corregir las situaciones de discriminación, además de Unidades de Igualdad de Género en el ámbito de cada consejería y en las universidades andaluzas. Para la consejera, este plan, que supone el desarrollo de la Ley de Igualdad, no constituye una foto fija, sino que habrá una evaluación anual para saber cuál es la repercusión del desarrollo de las medidas.