Las mujeres andaluzas que acrediten haber sufrido algún tipo de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco tendrán derecho a recibir un pago único de 1.800 euros en virtud de un decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Estas ayudas son únicas en España.

Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. La indeminización acordada hace referencia a hechos que no supusieron privación de libertad, pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino o la exposición a escarnio público.

Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Esta indeminización, que ya fue anunciada el pasado marzo y que se preveía aprobar en mayo, se suma a las indemnizaciones, con la misma cuantía, que la Junta concede a ex presos y represaliados por el franquismo. Pero el 95% de las 2.742 ayudas concedidas hasta la fecha han ido a parar a manos de varones. De ahí que la Junta intente ahora compensar la persecución contra las mujeres.

A diferencia de las indeminizaciones a las personas ex presas y represaliadas políticamente, a este decreto no podrán acogerse otras personas que aseguren ser legitimarios.

La Junta no cuenta con una estimación de beneficiarias de estas ayudas y esperará a que las interesadas presenten sus formularios (que estarán disponibles en internet). La cifra que se baraja no supera la veintena.

Las afectadas contarán con un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para presentar la solicitud y las pruebas que consideren necesarias. Podrán hacerlo a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia y de las delegaciones del Gobierno de la Junta, así como de forma telemática.

Una vez recibida la solicitud, la administración deberá resolver y notificar en un plazo máximo de tres meses.

Luis Pizarro, consejero de Gobernación y Justicia, expuso en la rueda de prensa posterior que la cantidad acordada es "simbólica", por cuanto al decreto transciende la reparación "moral" ante el daño y el escarnio que sufrieron estas mujeres, sometidas a humillaciones y a un trato vejatorio.

Pizarro agregó que eso es muy difícil de reparar, pero que la Junta ha querido aportar "su granito de arena" para que esas mujeres no caigan en el olvido.

En opinión del consejero andaluz , gracias a estas mujeres se ha mantenido viva la memoria y "hemos podido comprender qué pasó, al tiempo que jugaron un papel importante en la construcción de la actual democracia". Pizarro agradeció la labor del Comisariado andaluz de la memoria histórica y la participación de colectivos relacionados con la memoria histórica.

La ayuda no cuenta con una partida presupuestaria concreta. Según apuntó ayer Europa Press, desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha invertido 9,5 millones de euros en estas ayudas.