El acuerdo sobre el decreto de reordenación del sector público andaluz ya tiene rúbrica. Tres firmas pusieron el broche a una negociación a tres bandas entre el Ejecutivo socialista y las centrales sindicales CCOO y UGT. El documento está suscrito por la consejera de Hacienda y Administración, Carmen Martínez Aguayo; el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, y el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana (al acto de ayer acudió en su lugar el vicesecretario general de Relacionales Laborales y Política Institucional, Dionisio Valverde).

Pero el temporal entre los empleados públicos de la Administración autonómica, lejos de amainar, arrecia. La cita de los dos sindicatos mayoritarios con Martínez Aguayo tuvo una banda sonora estruendosa, la de los abucheos y pitidos que dedicaron trabajadores del sector público en el edificio de Torretriana a la consejera y a los dirigentes sindicales "porque no nos representan".

A la protesta, Martínez Aguayo contratacó con vehemencia y la consideró como la movilización "de algún sindicato que no tiene representatividad y que cree que la va a obtener con manifestaciones más o menos airadas". La consejera no se limitó a esta declaración y ordenó la difusión, mediante certificación firmada por el jefe de servicio de Coordinación y Relaciones Sindicales, Antonio Parralo, de los datos sobre representatividad sindical en la Administración autonómica: UGT, 38,22%; CCOO, 36,78% y CSI-F, 25%. Martínez Aguayo abundó en sus críticas contra los instigadores de la protesta y recordó que "la representación se gana en las urnas, donde la ganan los sindicatos, y ahí es donde creo que deberían volcar su acción, en presentarse a unas elecciones y ganar votos para sentarse en una mesa en la que no están".

De esa línea no se desmarcaron, obviamente, los dos sindicatos firmantes del acuerdo. Carbonero hizo hincapié en que "los intereses del sindicalismo de clase que representa UGT y CCOO están muy lejos de los conceptos corporativos de otros sindicatos".

La satisfacción de estas centrales con el acuerdo estriba fundamentalmente en la garantía de que "de ninguna manera este decreto va a hacer funcionario a ninguna persona que no pase por el sistema de selección reglado, y toda la integración en el sector público tanto de personal funcionario como del laboral será voluntario", aseguró Martínez Aguayo.

El líder de CCOO-A reforzó esta tesis al afirmar que el acuerdo "deja intacto" todo el apartado de derechos de funcionarios y del personal laboral de la Junta. En el pacto alcanzado por la Administración y los dos sindicatos se especifica que los funcionarios que vayan a agencias "mantendrán los mismos derechos y las mismas condiciones" que quienes permanezcan en la Administración general, y el personal labora que voluntariamente se adscriba a una agencia "mantendrá los derechos" que le otorga el convenio colectivo de la Junta.

Carbonero defendió que el acuerdo es fruto de "la movilización, de la presión hecha con la cabeza y desde la sensatez, pero sobre todo con propuestas para modificar los puntos en los que no estábamos de acuerdo. No sabemos cuáles son las propuestas de otros ni las intenciones de otros".

Por su parte, el vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, advirtió que la situación era "grave" en el trimestre anterior pero es "más grave" en éste. Si bien, apuntó, el Gobierno tiene en sus manos el instrumento "más importante" para desarrollar políticas de carácter social, como son los Presupuestos. "Espero que ambos gobiernos tomen nota de esta situación y marquen en sus Presupuestos las prioridades que hay que marcar", ha subrayado.