Como el vicepresidente del Betis, José Antonio Bosch, anunciase la pasada semana, ayer se conoció la entrada del club en el concurso de acreedores, después de que se hiciera público el auto del juez, con fecha del 14 de enero. En el mismo, Eduardo Gómez López, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla admite a trámite la entrada voluntaria en el concurso de acreedores, al acreditarse el estado de insolvencia del deudor, fijando la cuantía en 58,1 millones de euros, aunque admitiendo que esa deuda se ha podido ver aumentada desde que se realizó la solicitud de entrada en el mismo.

Lo más llamativo del auto, que nombra a dos administradores concursales -Antonio Jesús González Díaz y Francisco Tato Jiménez- y que tendrá un tercero que será propuesto por los acreedores y deberá ser aceptado por el juez, es que éste ha dictado una serie de cautelas ante la próxima decisión de la Audiencia que podría cambiar el órgano de dirección del club. Así, acuerda que el deudor, en este caso el Betis, conserve las facultades de administración y disposición de su patrimonio, sometido en su ejercicio a la intervención de los administradores del concurso mediante su autorización o conformidad. De esta forma, cualquier convocatoria de junta o asamblea debe ser comunicada a estos administradores, quienes tendrán derecho de asistencia y voz; los acuerdos de la junta o asamblea de contenido patrimonial o cuando tengan relevancia para el concurso sólo podrán ser ejecutados con la autorización de la administración concursal; y, además, ésta llevará un control exhaustivo de la entidad mediante el traslado de los movimientos de las cuentas corrientes del Betis, debiéndose comunicar  a la misma la apertura de nuevas cuentas.

Ahora, los administradores concursales elaborarán un informe económico, donde los acreedores acreditarán las deudas, lo que servirá para la posterior negociación. El Betis, además, recupera ahora la posibilidad de realizar movimientos federativos.