Una mesa redonda en la que participaron destacados miembros del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) puso de manifiesto ayer las carencias de la economía andaluza y las causas de que el diferencial de riqueza con el resto de España y Europa no sólo no haya disminuido, sino que, por el contrario, haya aumentado.

Los ponentes pusieron el acento en dos puntos: la debilidad del tejido empresarial andaluz y un diseño institucional defectuoso o inflado que ha dificultado el crecimiento, en vez de alentarlo. José Luis Galán, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla, afirmó que, lejos de ser una ventaja, el número de microempresas en la región -superior al registrado a nivel nacional y Europeo- es un lastre, ya que hay una relación directa entre el tamaño de la compañía y el desempleo. "No hay ambición, en 1994 participé en una encuesta en la que la mayoría de los empresarios afirmaba que no quería crecer más y la situación no ha cambiado". En la misma línea, Diego Martínez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, afirmó que incentivar a la pyme por el mero hecho de serlo es un error. Y Jerónimo Molina, vicepresidente de Cajamar Caja Rural, aludió al hecho de que el escaso tamaño hace menos competitivas, productivas e internacionalizadas a las empresas, además de que muchas de las decisiones que se toman se hacen por "amistad" y sin seguir criterios profesionales.

Respecto a la debilidad institucional, Joaquín Aurioles, profesor de Fundamento de Análisis Económico de la Universidad de Málaga, afirmó que Andalucía posee los rasgos de un Estado fallido o débil, aquel en el que "muchas instituciones o no funcionan o lo hacen mal". Desde que Griñán ganó las elecciones, según su teoría, no ha habido apenas actividad en el Gobierno andaluz, lo que ha supuesto tres años perdidos. Aurioles aludió a la "bancarrota" de la Junta, que llevó al sector público a una relación "muy delicada" con el privado, y los 3,2 millones de pobres contabilizados, entre otras cosas.

Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada y presidente del OEA, se refirió a la "45.000 papeles anuales de producción jurídica anual", a un sector público con un peso "extraordinariamente elevado" y a una gran cantidad de cargos públicos "fuertemente condicionados por una estructura partitocrática en la que importa más la fidelidad que la profesionalidad".En la jornada intervinieron también Ángel de la Fuente, director de Fedea, que habló sobre las lecciones de la crisis; Fernando Faces, profesor del Instituto San Telmo, que profundizó en la situación financiera; y José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense.