Los promotores y propietarios de plantas de energía solar fotovoltaica están dispuestos a plantar cara al Gobierno contra el recorte de primas de hasta un 45% y la modificación con carácter retroactivo de su marco jurídico. Antes de iniciar la batalla legal, el sector debate la estrategia a seguir en reuniones como la que se celebró ayer en la Confederación de Empresarios de Andalucía, organizada por Aprean, la patronal andaluza de renovables, y el bufete RZS abogados.

A juicio de Javier Romero, socio director de RZS, los argumentos son "la imposibilidad de aplicación retroactiva de ciertas y la vulneración de los principios de confianza jurídica y de seguridad jurídica". Los productores pueden optar por varias vías. La primera pasa por plantear una cuestión de inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 14/2010. "La vía constitucional implicaría la declaración de nulidad de la norma entera y posteriormente, la posibilidad de reclamar a la administración pública los perjuicios causados por la aplicación de esta norma declarada inconstitucional", explicó Javier Romero, que agregó que "el problema de la vía constitucional es el tiempo porque el Tribunal Constitucional está tardando de cuatro a cinco años en resolver los recursos".

La segunda ruta supone esperar a que la Comisión Nacional de Energía (CNE) acometa en junio las primeras liquidaciones con el nuevo marco retributivo. "Esta vía implicaría la impugnación de esas liquidaciones y la solicitud de la responsabilidad patrimonial del Estado", señaló Romero. En este caso, los recursos deberían ser interpuestos ante la Audiencia Nacional debido a que la Ley de Economía Sostenible, que entró recientemente en vigor, estipula que este órgano es el competente sobre los actos administrativos de la CNE. En este caso, la espera podría acortarse a dos años. Un tercer camino sería reclamar ante la Comisión Europea, que en varias ocasiones ha llamado la atención a España por el recorte de primas.

"Nosotros creemos que la vía más adecuada es la resolución de las liquidaciones, aunque esto es opinable en cualquier modo", matizó Javier Romero. El precedente más cercano es la retirada de cupos en el sector pesquero. "Esa jurisprudencia es la que estamos utilizando para sustentar los posibles recursos. Pero claro, esas situaciones estaban amparadas por normativas comunitarias, que no es el caso que nos ocupa", subrayó.

El secretario general de Aprean, Carlos Rojo, insistió en la necesidad de "utilizar criterios unificados a la hora de establecer el daño patrimonial". La incertidumbre de no afecta sólo a los proyectos ya ejecutados sino a las inversiones en marcha. "Hay megavatios preasignados que no se van a construir porque no tienen financiación y los inversores se están yendo", alertó el responsable de Fotovoltaica de la patronal, Miguel Montero.