EL Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debe haber hecho un esfuerzo de imparcialidad notable en el caso del juez Francisco Serrano, al que ha condenado a dos años de inhabilitación por haber alterado el régimen de visitas de un menor, de padres divorciados, para garantizar su salida como paje en una procesión de la Semana Santa sevillana, algo que el menor deseaba.

La sentencia constituye, en efecto, un ejercicio de equidistancia. Condena al juez por prevaricar, lo cual es especialmente grave tratándose de un juez, pero se aleja de la petición de veinte años de inhabilitación que le hacía la acusación particular (la madre del niño). Declara probado que hubo prevaricación, pero negligente y no intencionada. Le castiga inhabilitándolo durante dos años, pero hace uso del precepto legal que le permite solicitar al Gobierno un indulto parcial que dejaría la pena en seis meses.

En realidad, el TSJ de Andalucía ha hecho abstracción de la personalidad de Francisco Serrano, un juez de Familia que se ha colocado en el ojo del huracán al denunciar reiteradas veces la vigente Ley contra la Violencia de Género por estimarla sexista, discriminatoria para el hombre y generadora de denuncias falsas sobre maltrato doméstico. Esto le ha valido la enemiga declarada de las organizaciones feministas y, al mismo tiempo, el respaldo clamoroso de asociaciones de hombres separados descontentos con la aplicación de la citada norma. Villano machista para unos, héroe civil para otros, nadie puede negar que Serrano desafía lo políticamente correcto.

En lugar de asumir la artillería pesada de la acusación (que hubo connivencia entre el juez y el abogado del padre), el tribunal limita la culpa de Francisco Serrano a una incorrección procesal, ya que eludió consultar a la madre para comprobar si era verdad que ella se negaba a que el menor saliera con su cofradía. Hay que decir que la Audiencia de Sevilla le dio la razón al juez en las razones de urgencia y necesidad -la Semana Santa no admite prórrogas- que adujo para saltarse las normas de procedimiento, y también que la Fiscalía retiró los cargos durante el juicio en el TSJA y solicitó su libre absolución. A ninguno le ha hecho caso el Tribunal Superior.

A pesar de las matizaciones, demanda de indulto y reconocimiento de la desproporción entre la pena y el mal causado, el hecho cierto es que el juez de familia Francisco Serrano ha sido condenado por prevaricar, será inhabilitado durante un mínimo de seis meses y está cautelarmente suspendido de empleo y sueldo por el Consejo General del Poder Judicial. La Justicia ha sido dura con él. Al contrario que con otros jueces prevaricadores.