EL rescate con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico y el aumento de la capacidad de endeudamiento, concretados esta misma semana, han supuesto un considerable alivio para la situación financiera de Andalucía. Un auténtico balón de oxígeno para la Junta que, no obstante, es consciente de que los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2013 tendrán que ser, en el contexto de recesión general, forzosamente restrictivos. Entre las restricciones que han de operarse figura en lugar destacado la auténtica reestructuración de las empresas públicas creadas en los últimos años, cuya necesidad y utilidad han de ser sometidas al escrutinio que los tiempos imponen. La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, parece ser consciente de esta obligación -que también viene derivada del propio rescate del FLA-, ya que en su comparecencia pública del pasado martes se refirió expresamente a la reducción de este sector empresarial público, si bien insinuó que las decisiones finales sobre el contenido de este ajuste (eliminación de sociedades, recorte de jornadas y salarios, reconversión de objetivos) recaerían en sus propios gestores. No debe ser así, a nuestro juicio. Corresponde al Gobierno andaluz en su conjunto, y con particular énfasis en la Consejería de Administraciones Públicas, aprobar e impulsar un plan con las directrices y pautas que habrán de ejecutar los mencionados gestores. Es evidente que se ha generado una Administración paralela con todo tipo de instituciones, empresas, consorcios, fundaciones y observatorios que, hoy por hoy, constituyen un lujo que Andalucía no puede permitirse, sobre todo teniendo en cuenta las prioridades esenciales de la comunidad autónoma en esta etapa. Esta Administración está llamada a adelgazar, sin que el mantenimiento del empleo público pueda erigirse en el criterio fundamental a la hora de reordenarla. Es la eficiencia y el interés general lo que debe primar en esta revisión del uso que se hace de los fondos que escasean.