Un problema de salud pública

EL desorden público desatado en Jerez tras 19 días de huelga de basura obliga a todas las partes implicadas a dar la talla y redoblar su esfuerzo para poner fin al conflicto por razones de salud, y ahora también de seguridad. Lo que no cabe es el enfrentamiento político entre Junta y Ayuntamiento justo cuando más se necesita que colaboren. La Consejería de Salud sigue sin ver riesgo para la salud, aunque el propio delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, admitía ayer que "la salubridad deja mucho que desear" en Jerez. Contradicciones partidistas como éstas, en tiempos tan duros para todos, llevan al cabreo generalizado e instalan la política y las administraciones en el descrédito. Y la quema de contenedores y el lanzamiento de piedras a bomberos y policías que hacían su trabajo en los barrios jerezanos tendrían que hacer reaccionar a unos y otros antes de que los vándalos -que no todos los vecinos- conviertan la ciudad en un muladar violento. El Ayuntamiento ha de obligar a los trabajadores y a los directivos de la concesionaria Urbaser a llegar a un acuerdo, si fuera necesario, sentándose a la misma mesa. Seguro que si la compañía lanzara una contrapropuesta razonable -la plantilla dice estar dispuesta a renunciar a mejoras sociales y parte de su generosa retribución- el comité haría concesiones, ya que de lo contrario se le echaría encima toda una ciudad. Ayer se volvieron a romper las negociaciones, la alcaldesa dijo que no se puede ceder al "chantaje" y los trabajadores respondieron lanzando cientos de kilos de basura delante del Consistorio. La empresa Urbaser, entretanto, sigue sin moverse. Y ni el Ayuntamiento ni la Junta pueden alimentar el enfrentamiento de unos con otros porque tienen que ser máximos garantes de la paz social. La Junta ha de ponerse al lado de las autoridades municipales para preservar, por encima de todo, la salud de los habitantes de la quinta ciudad de Andalucía, en cuyas calles y plazas se acumulan más de 3.000 toneladas de basura, sin que ni siquiera se respeten los servicios mínimos obligados en cualquier huelga.