PEDIR sensatez y generosidad con objetivos a la carta en materia de déficit público para 2013 a comunidades autónomas asfixiadas, es tan inoportuno como pedir paciencia con la política económica del Gobierno, tras reconocer su incapacidad para frenar el deterioro. Rajoy vuelve a cometer el mismo error que sus antecesores al entrar en el juego del pacto bilateral con Cataluña y buscar la aceptación posterior del resto. Se multiplican las denuncias sobre la perversión de un incentivo al incumplimiento, pero no se llega a decir con claridad que objetivos asimétricos de déficit provocarán que las comunidades cumplidoras sean las que terminen financiado los excesos de las restantes.

Me temo que también se equivoca Andalucía al aceptar el juego. Como en 2005, cuando Zapatero consiguió desatascar el Estatuto catalán, tras elevar el porcentaje cedido en los impuestos compartidos y el compromiso de que la inversión del Estado en Cataluña alcanzaría un porcentaje equivalente a su participación en el PIB. Tras un intenso debate mediático en torno a la propuesta del tripartito sobre una agencia tributaria catalana para recaudar la totalidad de los impuestos, Zapatero sorprendió a todos al zanjar la polémica con un acuerdo con Artur Mas, entonces en la oposición, que permitía cerrar de un plumazo la reforma del Estatuto y un nuevo acuerdo de financiación autonómica. Se elevaba hasta el 50% la cesión de la recaudación por IRPF e IVA y hasta el 58% la de impuestos especiales. El líder de CiU esperaba que, con estos porcentajes y con un nuevo concepto de Agencia Tributaria compartida, Cataluña alcanzaría el escenario fiscal soñado de superávit financiero.

La perspectiva de tener que negociar con la Hacienda central la devolución del excedente de recaudación significaba un pacto fiscal de facto que, no obstante, se vio frustrado con la inesperada caída en la recaudación de los años posteriores. Andalucía se limitó a reclamar igualdad de trato y una inversión del Estado equivalente al peso de su población.

Una situación parecida volvió a presentarse en 2009, cuando Zapatero se reunía con Montilla, al mismo tiempo que la ministra Salgado lo hacía con Antoni Castell. En esta ocasión los catalanes se aseguraron 3.200 millones de financiación adicional, con gran indignación del Partido Popular por pactar a espaldas del resto de las comunidades, pero con el consentimiento de Chaves, que también disfrutó de reuniones previas con Zapatero, de indudable efecto balsámico en el posterior proceso extensión del acuerdo al resto de las comunidades.

También había ocurrido anteriormente y es de general aceptación que el segundo mandato de Aznar fue posible gracias al pacto de financiación con Cataluña, que posteriormente dio lugar al Modelo definitivo de financiación autonómica de enero de 2002. Siempre la misma secuencia en tres fases. Primero, negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat catalana. Segundo, oportuno consentimiento por parte de Andalucía, siempre servicial a la hora de facilitar la aceptación del resto. Tercero, la Generalitat rompe las reglas del juego y vuelve a plantear nuevas exigencias.