EL señor alcalde, aprovechando su mayoría absoluta, ha impuesto a quienes tienen coche y aparquen por cualquier motivo en numerosas calles del conjunto histórico de Sevilla el pago de 0,50 euros la hora, porque la economía, según el gobierno, ha mejorado hasta tal punto que se están generando puestos de trabajo también por horas y se rebajará el IVA en beneficio de los propietarios de coches de alta gama. Pero esta tasa -¡oh sorpresa!- será mucho más cara que el "aparcamiento lucrativo" de una mesa en la zona azul peatonal de la Avenida de la Constitución o de un coche de caballos al pie de la Giralda o a la entrada a la Plaza España que carecen de áreas marcadas con líneas azules ¿por qué no se las pinta al menos para evitar que se pongan donde les apetece a los caballos? Todo ello, sin contar previamente con un Plan de movilidad ni de Accesibilidad. Y tampoco porque fuera uno de los ofrecimientos de campaña, como en cambio, sí lo fue, con negativas consecuencias de polución, la derogación del Plan Centro puesto en vigencia por Monteseirín en los últimos meses de su gobierno. Porque gobernar es mandar, como se creía en el antiguo régimen, aunque ahora no es así.

Prácticamente en todas las grandes ciudades lo han hecho y en Sevilla simplemente se han ampliado las zonas azules impuestas por el anterior alcalde, podría argumentarse. Y es verdad. Sin embargo, decirlo sirve para describir el hecho, pero no para explicarlo o para dar razones de esta ocurrencia detrás de la cual, sin lugar a dudas, hay una ideología sobre la que se apoya la privatización indiscriminada de aquello que antes era de todos, es decir, la ciudad, su construcción, su gestión y desde luego, los espacios públicos.

Ya se verá que, una vez consolidada la zona azul, para asegurar la financiación del presupuesto municipal, a los políticos seguramente se les ocurrirá convocar un concurso similar al de las grúas de tráfico para entregarla en concesión a empresas privadas (lucrativas). Dirán que la gestión pública es cara e ineficiente sin caer en la cuenta que esa es una manera de reconocer indirectamente su incapacidad para asumir la ciudad como un espacio donde se construye la ciudadanía en un entorno físico y social agradable que garantice el tradicional alto grado de sociabilidad, que asegure una buena calidad de vida. Para ello se requieren recursos, desde luego; ¿entonces, por qué se rebajan los impuestos? ¿Por qué se despilfarra o se realizan inversiones inútiles?

No hay lógica que soporte la impunidad de los autores intelectuales de los delitos urbanísticos como el de la biblioteca de la Universidad en El Prado (9.200.000 euros) o el absurdo del Centro Comercial en la Plaza de los Luceros, o del inaudito sobreprecio de la setas (70.000.000 euros). Tampoco es posible comprender la inutilidad de los 820.000 euros gastados para el sistema de cámaras del Plan Centro o el déficit real por la celebración de la Copa Davis de 585.844 euros. Súmese a lo anterior el costo del puente que en estricto favor a un banco, el Ayuntamiento pide que paguemos los sevillanos (20.000.000 euros) porque también en esta ocasión ni se exigió, como se debía, a los promotores un Plan de Accesibilidad y Movilidad, ni la Gerencia de Urbanismo lo hizo. ¿Por qué?

Como se puede apreciar, los responsables de tanto desaguisado no están obligados a explicar y pedir disculpas a sus electores. Algo parecido al privilegio real. Guardan silencio. Sorprendentemente tampoco protestan los afectados. Han dejado de ser ciudadanos. Ahora son simples consumidores, clientes, usuarios. Es un triunfo de la egoísta ideología que se respalda en el mercado y al mismo tiempo, el fracaso de esa irreductible sociedad poseedora de aquello que es de todos: lo público. ¿Por qué los espacios públicos deben ser compartidos con las empresas privadas y de manera recíproca éstas no comparten sus espacios con la sociedad civil organizada? Numerosas organizaciones ciudadanas, no tienen dónde reunirse.

Nos les falta razón a quienes dicen que las privatizaciones del espacio público no son sino la prueba de que está mutando y la brandificación o sea, que la ciudad se está adaptando a la demanda de las marcas, para competir e insertarse en la oferta global acudiendo a los últimos recursos del marketing, como ya lo ha hecho el Gobierno nacional con la marca España, "una política de Estado, cuya eficacia reside en el largo plazo".

Los despilfarros, los desaguisados urbanísticos, la privatización del espacio público, el olor de orines de caballo al pie de la Giralda y la Sevilla casi azul, ¿serán parte de la marca Sevilla próxima?