CUANDO dentro de menos de un mes el 9 de noviembre haya quedado atrás, convertido en poco más que una mascarada nacionalista diseñada para salir en los telediarios de medio mundo, es cuando de verdad nos vamos a encontrar con el problema. Cataluña, y basta darse una vuelta por allí o asomarse a sus potentes medios de comunicación para confirmarlo, es una sociedad que, a diferencia de la andaluza, sí está estructurada. Y está estructurada bajo una serie de ideas tan simples como efectivas que se han impuesto tras más de tres décadas de propaganda intensiva en todos los órdenes de la vida social y gracias, sobre todo, a un adoctrinamiento sin fisuras en las escuelas. Esas ideas, como los Diez Mandamientos, se encierran en dos: en Cataluña se trabaja para que en otros territorios, especialmente Andalucía, se pueda vivir de los subsidios y Cataluña ha sido capaz de ser una sociedad moderna y europea mientras que el resto del país se acerca más a lo africano. Esto, que como todas las simplificaciones tiende a la caricatura, es la realidad a la que nos enfrentamos desde que la crisis económica rompió hace unos tres años los esquemas que, con su más y sus menos, habían encauzado la cuestión durante décadas.

La situación ahora es que el tan traído y llevado encaje de Cataluña en España ha saltado por los aires y -mejor tenerlo muy claro- no hay forma de volverlo a poner en sitio. Lo previsible es que en el horizonte más próximo tengamos unas elecciones en Cataluña en las que el nacionalismo separatista va a barrer al moderado y con visión de España que representó CiU hasta que el desvarío de Artur Mas lo desarticuló para siempre jamás. Así las cosas, lo único que puede hacer el Estado es moverse con cautela y abrir las vías de diálogo que le permita la Constitución, aunque mucho me temo que por esas vías se va a poder avanzar poco. Por un lado, porque Cataluña ha entrado en una dinámica maximalista que deja poco margen de maniobra. Por el otro, porque no se puede abrir la peligrosa vía de dinamitar los equilibrios que han mantenido la cohesión nacional durante los últimos decenios. Pero no hay otro camino por el que transitar. Estamos al borde un abismo y hace falta una operación de Estado si no queremos crearnos un problema de dimensiones colosales y creárselo a Europa. En esa operación de Estado hay que aunar voluntades y entre las voces que va a tener que escuchar el Gobierno tiene que oírse con claridad la de Andalucía, por nuestro peso dentro del conjunto del Estado y también porque representamos una forma de entender España y la solidaridad entre sus territorios que es la que le da sentido al sistema constitucional que debemos preservar en sus principios básicos.

Susana Díaz tiene la responsabilidad de articular esa voz y de que sea tenida muy en cuenta. Y le rendiría un enorme servicio a los andaluces si a la hora de alzarla logra un acuerdo en lo fundamental con el partido que, aunque por la aritmética parlamentaria está en la oposición, fue el más votado en las últimas elecciones autonómicas. Díaz y el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, deben sentarse ya para dejar claras cuáles son las líneas rojas que no se deben cruzar si hay que reformular la Constitución para ajustar el papel de Cataluña. Andalucía debe hablar con una sola voz y dar un mensaje claro. No duden de que hace muchos años que no nos jugamos tanto.