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CON razón -que no quiere decir razonablemente- prefiere el Partido Popular mantener en secreto sus recetas de política económica. Su agenda oculta da mucho juego: permite cebarse con los desaciertos del Gobierno sin desgastarse anunciando medidas igual de impopulares, o más, que las adoptadas por el Zapatero que se reinventó en primavera.

Rajoy es perfecto para mantener lo que llaman un perfil bajo y que consiste en no pronunciarse sobre asuntos delicados que puedan detraerle votos, disparar contra el Gobierno socialista sin proponer alternativas concretas a ninguna de sus políticas, mojarse lo menos posible y esperar a que el poder le caiga como fruta madura. Más por los errores y estupideces ajenas que por los méritos propios.

Digo que con razón esconden su programa porque cuando se les escapa alguna de las iniciativas que tienen en cartera enseñan la patita. Entiéndaseme bien: no es que sea una extremidad de animal cavernícola o especialmente reaccionaria. Simplemente es la misma patita que ha enseñado el Partido Socialista tras su reconversión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que su política contra la crisis difiere en los matices, no en lo sustancial. Que su reforma financiera es parecida, que su reforma de las pensiones coincide en lo básico y que su reforma laboral profundiza la de ZP, no la cambia.

Vayamos a los hechos. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó el martes una proposición no de ley que trata de combatir las alarmantes tasas de desempleo juvenil, esas que nos conducen a un horizonte en que una o dos generaciones de españoles no van a poder trabajar en condiciones dignas a lo largo de toda su existencia. Bueno, pues la forma de combatirlas es un modelo de contratación laboral aún más barato y precario que el existente.

Se trata del contrato de formación, pensado para que los jóvenes sin estudios se incorporen al trabajo, durante un máximo de dos años, con salarios que rondan el mínimo legal (menos de 700 euros mensuales) y cuotas sociales bonificadas al 100%, es decir, sin que los empresarios paguen nada por este concepto. Antes de la reforma socialista, este tipo de contrato sólo era aplicable a muchachos de entre 16 y 21 años. Tras la reforma, se puede extender hasta los 25. Con la nueva reforma que, contra su costumbre, ha hecho pública el PP como proposición no de ley, el límite de edad llegaría a los 30 años. Si el PP gobierna y si aplica esta parte de su programa insólitamente anunciada, la precariedad quedará garantizada para muchos hasta la treintena, una edad ya no tan tierna.

Vale, quizás sea mejor este contrato que el paro. Pero no nos digan más que el PP hará una política distinta a la del PSOE. La patita se ve.

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