HACE apenas diez años nos ufanábamos de que en España no teníamos problemas de racismo o xenofobia en relación con la inmigración. Nos jactábamos de que había conflictos de integración en Francia, Gran Bretaña, Italia y otras naciones ricas. No aquí.

Quizás era un espejismo, construido a medias entre la buena conciencia colectiva destilada de nuestro reciente pasado emigrante y el hecho incontrovertible de que entonces había muy pocos inmigrantes instalados en nuestro país. Ahora no. Ahora podemos andar por el 12% de inmigrantes sobre la población total.

¿Es mucho o poco? Depende. Puede ser mucho si coinciden, como ahora, una crisis económica de caballo, que reduce la oferta de trabajo -el primer requisito para la integración es un empleo regularizado-, y un entorno europeo en el que las tendencias hostiles dejan de ser patrimonio de la ultraderecha y contaminan a los partidos democráticos (véase Sarkozy). Después de unos años de manga ancha irresponsable, Europa ha dado un bandazo y aumentan las restricciones a la llega de extranjeros pobres.

Lo malo es que la hostilidad se suele cimentar, más que en la realidad objetiva, en los materiales de derribo del estereotipo. Se está introduciendo en el imaginario colectivo una imagen deformada del fenómeno de la inmigración. Corren especies como la de que los inmigrantes colapsan los servicios sanitarios de algunos barrios y pueblos en perjuicio de los nacionales, cuando lo cierto es que el colectivo inmigrante los utiliza en menor proporción que el español. En el gremio de los comerciantes es un lugar común que el Gobierno subvenciona y no cobra impuestos a las tiendas abiertas por ciudadanos chinos, cuya competencia se basa más bien en que no cierran nunca y trabajan en ellas familias enteras sin protección social. Ni siquiera es verdad que los inmigrantes quiten el empleo escaso a los autóctonos, sino que hacen los trabajos que éstos no quieren hacer, por duros, penosos o mal pagados. El ejemplo de la campaña de la fresa de Huelva, al que se refería nuestro editorial de ayer, es ilustrativo.

Si no se combaten -empezando por las autoridades y agentes sociales- estos tópicos, tendremos un serio problema de inmigración a la vuelta de la esquina. Según el Observatorio del Racismo del Ministerio de Trabajo, el 37% de los españoles son ya reacios a la inmigración, el 33% tolerantes y el 30% ambivalentes (se pueden decantar en una u otra dirección, de acuerdo con sus vivencias y los mensajes que reciben). La xenofobia y el racismo pueden prender en sectores populares azotados por la crisis a los que nadie es capaz de explicarles por qué empeoran sus condiciones de vida.