Una docena de ayuntamientos, de todas las comarcas y signos políticos, fueron los primeros ayer en sumarse -con la firma del convenio- al nuevo servicio de notificación y gestión de multas de tráfico que ha puesto en marcha la Diputación, a través el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal (Opaef). La novedad es que, desde que la Policía Local detecta una infracción y la registra por vía electrónica, todo el proceso dependerá ya del personal de esta agencia de recaudación. También la notificación y resolución de las reclamaciones. Hasta ahora, éstas debían contestarlas los ayuntamientos -en muchos casos, sin el suficiente personal especializado- y las firmaban los alcaldes, que asumían posibles errores y eran objeto de presiones directas por parte de los infractores, aunque en última intancia las cobrara el Opaef.

Según destacaron ayer fuentes del organismo, el servicio se ha diseñado a petición de los consistorios, que le han trasladado las dificultades que tenían en ese sentido y la necesidad de que se les diera una mayor cobertura. 65 de los 105 ayuntamientos sevillanos tienen cedido ya al Opaef el cobro de multas de tráfico, un servicio que se puso en marcha en 2006. Ceder ahora el proceso administrativo no tendrá coste adicional para ellos. Además de los 12 que tienen el nuevo convenio ya en vigor, otros seis han aprobado en Pleno sumarse y están pendientes de la firma. Antes de final de año, el Opaef podría estar gestionando todo el proceso administrativo de las multas de tráfico en la mitad de los municipios de Sevilla.

De cara al ciudadano que cometa una infracción, el cambio será que su interlocutor no estará ya en el ayuntamiento, sino en la oficina comarcal del Opaef que le corresponda a su municipio, desde donde se le notificará la multa, a la que debe dirigir su reclamación y donde se resolverá. Aunque desde el Opaef se destacó que el aumento de la recaudación dependerá de las infracciones y del tráfico del municipio, el servicio supondrá en cualquier caso un aumento de la efectividad en el cobro de las multas, en la medida que conllevará la "profesionalización" de todo el proceso. La falta de medios de muchos ayuntamientos hace que ahora, por ejemplo, se pasen los plazos legales y muchas multas prescriban o no se puedan cobrar. En una época de estrecheces, y cuando fallan otros recursos, éstos otros cobran importancia.

Los ayuntamientos que ayer firmaron el convenio para ceder toda la gestión al Opaef fueron Alcolea del Río, Castilleja de la Cuesta, Aznalcázar, Coripe, Benacazón, Espartinas, Mairena del Alcor, Marchena, La Puebla de los Infantes, Pruna, Umbrete y Villamanrique. Los representantes de algunos de ellos pusieron el acento en que las multas tienen un papel disuasorio de cara al incumplimiento de las normas, al margen de recaudatorio, y afectan únicamente a los que cometen infracciones.

"Muchas veces, los policías te ponen delante del vecino cuando se ven obligados a sancionar: le dicen que hablen con el alcalde", destacaba ayer Dolores Escalona, alcaldesa socialista de Aznalcázar, quien subraya que han estado entre "la espada y la pared" por la necesidad de hacer cumplir las normas y la presión de los infractores. La profesionalización del proceso administrativo es necesaria, dijo. La edil destacó la importancia de que la Policía Local se conciencie también y asuma su papel, y apuntó que el nuevo sistema agilizará y dará claridad al proceso, de forma que los vecinos sepan a qué atenerse en todo momento. En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Castilleja de la Cuesta, Manuel Benítez, quien incluso fue objeto de una denuncia que se archivó por supuesta "discrecionalidad" en la resolución de recursos a multas de tráfico. Con el nuevo sistema el caso no hubiera existido.