El último ERE en la base aérea norteamericana de Morón de la Frontera ha desatado una batalla política con reproches por parte del PSOE e IU contra la actuación del Ministerio de Defensa, que consideran que tendría que haber sido más contundente para evitar el nuevo expediente -el tercero desde 2010- que afectará a 55 empleados de los tres departamentos de la zona de pista. Si finalmente se lleva a cabo, supondrá reducir a la mitad la plantilla española que trabajaba en el aeródromo hace cuatro años.

Uno de los que se han mostrado más críticos contra el Ministerio que dirige Pedro Morenés ha sido el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, quien manifestó ayer que el Ejecutivo español tiene una "posición de fuerza" para exigirle a EEUU que los trabajadores de la base mantengan su empleo. Pradas indicó que el Gobierno ha intentado "enmarcar" este asunto en un problema entre la empresa concesionaria (VBR), que es estadounidense, y los trabajadores de la base, pero es "un problema del Gobierno de España", que atañe a los ministerios de Exteriores y de Defensa."Si hay un convenio bilateral entre Estados Unidos y España que conlleva que en nuestro país tiene que haber bases militares, ha de haber en este caso una contraprestación social", opinó.

En este sentido, el representante socialista incidió en que si los empleados españoles van a ser sustituidos por marines estadounidenses, "los alcaldes se están replanteando si tiene sentido que tengamos que soportar una base en nuestro territorio".

Izquierda Unida fue más allá en este asunto y anunció que pedirá el cese de Morenés en el caso de que se siga "inhibiendo" en su "responsabilidad" de defender los derechos de los trabajadores españoles de la base. Para ello, el grupo parlamentario de IU registró ayer una petición de comparecencia urgente del ministro para que informe de las medidas que piensa poner en marcha su departamento tras el nuevo ERE.

En este sentido, el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, recuerda que las relaciones laborales de la plantilla española de VBR se siguen rigiendo por el Estatuto de los Trabajadores, a pesar de que trabajan en una base militar.

Ante estas declaraciones, el portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Rojas, insistió en que el Ministerio de Defensa "no para de hacer gestiones para favorecer" a los empleados de la base. Rojas se refirió a las declaraciones realizadas el pasado martes por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, para volver a asegurar que desde el Ejecutivo central "no se ha parado de hacer gestiones para favorecer a los trabajadores".