La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de los suelos de Mercasevilla, ha retomado la investigación de esta variante del caso con una orden expresa a la Guardia Civil para que investigue las "relaciones societarias" entre las empresas participantes en el concurso público para la opción de compra de los terrenos del Mercado mayorista.

Se trata de la primera vez que la instructora implica en la investigación al Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuerpo que ya viene colaborando con Alaya en los últimos meses realizando funciones de Policía Judicial en las diligencias abiertas a raíz del escándalo de las ayudas relacionadas con los ERE fraudulentos, aunque en este caso la investigación se encomendó a la unidad de delitos económicos.

La orden dada a la Guardia Civil, que aparece en un auto de fecha 12 de junio y al que ha tenido acceso este periódico, se produce porque la magistrada sospecha que el concurso público estaba "predeterminado" para que la venta de los suelos de Mercasevilla se adjudicara a la empresa Sanma, filial del grupo Sando, y en numerosas ocasiones se ha referido a la adjudicación "irregular" e "ilegal" del concurso.

En alguno de los interrogatorios de los imputados, como en el caso del ex edil del PSOE Gonzalo Crespo, la juez Alaya llegó a preguntar sobre la "fuerte vinculación" que existía entre las sociedades Noga y Landscape Espais, y planteó si Noga no hizo una oferta tan alta con intención de "no llevarse el concurso". La instructora también sospecha que otras empresas que concurrieron al concurso -como Azucarera Larios, Prasa, Edamar, Realia y Construcciones Juan de Robles- realizaron "propuestas de relleno", puesto que ninguna de las mismas tenía oferta social y la última tampoco técnica.

Al concurso público de los suelos se presentaron ocho empresas y lo ganó Sanma a pesar de que la oferta de Noga superaba en 52 millones de euros a la vencedora, al ser esta última penalizada por una cláusula que la juez considera "antieconómica y contraria al interés general" porque otorgaba menos puntuación a las ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas.

El requerimiento a la UCO para que investigue las relaciones entre las sociedades que compitieron por hacerse con los suelos de Mercasevilla no es la única decisión que ha adoptado la juez Mercedes Alaya con respecto a esta causa, ya que la magistrada ha citado a declarar el próximo 30 de julio a un nuevo imputado, Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del Servicio de Conservación y Coordinación de la delegación municipal de Vía Pública. Esta imputación deriva, según explica la juez, en que este técnico fue quien giró una visita de inspección a las instalaciones de Mercasevilla que reflejó en un informe del 23 de diciembre de 2008 en el que concluyó que "no se apreciaban inconvenientes" para la concesión de la licencia de ocupación de las naves y edificio de oficinas construidas por Sanma en una parcela del Mercado, "pese a no comprobar la conclusión de las obras de urbanización, por la falta de terminación" de las obras eléctricas por parte de Endesa. Este informe, añade la juez, precedió a la licencia de ocupación provisional de estos inmuebles.

La juez también ha citado a declarar, en calidad de testigo, el próximo 13 de septiembre, al presidente de la Federación de Empresarios Mayoristas de Mercasevilla, José María Morillo.