Sevilla

Juan Guerra declara el próximo 20 de julio ante el juez, imputado por alzamiento de bienes

  • La investigación trata de averiguar si el hermano del ex vicepresidente del Gobierno vendió un piso que estaba embargado y se declaró insolvente para pagar las multas por el delito fiscal por el que fue condenado en 1995.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar el próximo 20 de julio a Juan Guerra González, hermano del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, en el marco de una investigación en la que trata de determinarse si ha incurrido en un posible delito de alzamiento de bienes, en relación con la venta de un piso de su propiedad que estaba sometido a un embargo, según han informado fuentes judiciales.

La vuelta de Juan Guerra a los juzgados de Sevilla se producirá casi dos décadas después del escándalo que motivó la apertura de varias causas judiciales en relación con sus actividades empresariales. Esta nueva investigación, que en su día abrió la juez Mercedes Alaya -que instruye la causa de los ERE fraudulentos- deriva de la única sentencia que condenó por delito fiscal a Juan Guerra a una pena de dos años de cárcel y a pagar una multa de 300.506,05 euros, así como a indemnizar a Hacienda con más de 326.000 euros por haber defraudado unos 250.000 euros a través de su empresa El Corral de la Parra en los ejercicios fiscales de 1988 y 1989.

Juan Guerra y su socio Juan José Arenas Casas fueron condenados en 1995 pro el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla por dos delitos contra la Hacienda Pública, en una sentencia que fue ratificada íntegramente en 1997 por la Audiencia de Sevilla. Juan Guerra recurrió en ampara ante el Tribunal Constitucional que, en el año 2001, dictó otra sentencia estimando el recurso de Juan Guerra. El fallo contó con un voto particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga, que denunció que el hermano del ex vicepresidente había sido víctima de un “proceso inquisitorial” y de una instrucción “cuasi demoníaca”.

Después de esta sentencia, el juzgado de lo Penal inició la fase de ejecución de la misma, en la que Guerra se declaró insolvente para hacer frente al pago de las multas y de la indemnización a la Agencia Tributaria.

Durante la tramitación de la ejecución de esta sentencia, la Fiscalía de Sevilla pidió a finales del año 2010 que se dedujera testimonio por un posible alzamiento de bienes, ante la posibilidad de que Guerra hubiese vendido un piso de su propiedad que estaba embargado, según confirmaron fuentes de la Fiscalía hispalense.

La investigación ha recaído finalmente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque la magistrada no será la encargada de tomarle declaración a Guerra, sino que lo hará el juez de refuerzo que ha sido nombrado para ayudarla mientras continúa la investigación de la causa de los ERE.

El juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla decidió suspender la ejecución del ingreso en prisión del hermano del ex vicepresidente del Gobierno -que había sido condenado a dos penas de un año de prisión cada una- dado que Juan Guerra carecía de otras penas de prisión. El socio de El Corral de la Parra reunía este requisito porque la otra condena que se le había impuesto por un delito de prevaricación era de seis años y seis meses de inhabilitación en relación con la trama  Fridex, por haber mediado en la recalificación de unos terrenos en Alcalá de Guadaíra, y esta pena no podía ser considerada como un antecedente penal.

El hermano del ex vicepresidente se enfrentó a otros tres procesos por el denominado caso Guerra de los que fue absuelto, entre ellos por el uso de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Otros sumarios de los que fue igualmente absuelto fueron el de Fracosur, en relación con la compra de unas fincas; el de Comasa, por un proyecto para construcción de un hotel en vísperas de la Expo de 1992; y el de Litomed, sobre el supuesto desvío de enfermos de la sanidad pública a una clínica privada.

La investigación de todos estos sumarios la llevó a cabo el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a principios de la década de los 90, cuando era titular de este órgano el magistrado Ángel Márquez, que actualmente preside la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.

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