El Estado quiere que el Ayuntamiento recalifique las casas del Patio de Banderas que son de su propiedad para que puedan acoger hoteles y oficinas. La petición la ha realizado por escrito el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al confeccionar el borrador de un convenio que pretende firmar con el Ayuntamiento al objeto de regularizar la situación patrimonial y urbanística de varias propiedades que aún mantiene en la ciudad. El Estado pide dicha recalificación como contraprestación a la cesión del inmueble del número 15 para equipamiento municipal o centro de interpretación. Y lo hace, además, en un convenio en el que plantea la cesión definitiva de terrenos en Los Gordales y el Charco de la Pava, por cuya cesión aún no se precisa cuánto ha de pagar el Ayuntamiento.

Otro aspecto especialmente llamativo del borrador del convenio es que el Estado pide que sea "suprimida" la ampliación de la delimitación de Bien de Interés Cultural (BIC) a la totalidad de las casas del Patio de Banderas.

Con estas peticiones, el Estado trata de que las casas suban de valor en el mercado por medio de las recalificaciones y que cuenten con las menos restricciones posibles en cuanto a posibles usos, pues en caso de estar consideradas como BIC las posibilidades de obras y usos son menores.

En el convenio se admite que el Ayuntamiento ha solicitado con fecha del pasado 24 de julio varios terrenos de la ciudad que siguen a nombre del Estado: una parcela de 131.793 metros cuadrados en Los Gordales, una parcela de 136.127 metros cuadrados en el Charco de la Pava y 2.018 metros cuadrados de un edificio de la calle Betis.

El borrador de este convenio fue tratado este miércoles en el seno del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Este organismo realizó la preceptiva toma de conocimiento del documento planteado por la Dirección General de Patrimonio del Estado "para la regularización de distintas cuestiones patrimoniales pendientes de resolución entre ambas administraciones".

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, señaló que "es inviable para la ciudad asumir las condiciones de este convenio presentado por el Estado por lo que no aceptaremos la propuesta". Precisó que únicamente se ha tomado conocimiento del borrador, "como indica el punto del orden del día de ello al ser una propuesta de un órgano administrativo".

El mismo concejal insistió en que "este borrador de convenio no servirá de base para un acuerdo, pero el Ayuntamiento sí se muestra abierto al diálogo para zanjar las cuestiones patrimoniales entre Estado y Ayuntamiento". Las zonas que se tratan actualmente en dicho convenio son además de Los Gordales, el Charco de la Pava y los inmuebles del Patio de Banderas, varias carreteras y edificaciones de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, como son los puentes de la Cartuja y de la Barqueta.

El convenio deja en blanco las cantidades que habría de pagar el Ayuntamiento por las parcelas cuya cesión reclama al Estado. El documento sí refleja el valor de tasación en algún caso, como los terrenos de Los Gordales, valorados en 145.866.855 euros.

El Plan Especial de Protección del Sector 6 del Conjunto Histórico de Sevilla (Real Alcázar), aprobado ya provisionalmente, retoma" la petición emprendida en 1931 por el alcalde José González Fernández de Labandera para que los edificios del Patio de Banderas sean transferidos al patrimonio municipal. El Estado alegó contra este documento, pero sus planteamientos fueron desestimados, por lo que el Consistorio mantiene esta reclamación.

Mientras la vivienda del Callejón del Agua fue subastada hace ya años por el propio Gobierno central, la Dirección General de Patrimonio del Estado accedió en el anterior mandato a la petición promovida por el Consistorio hispalense y entregó al patrimonio municipal la vivienda correspondiente al número 6 del Patio de Banderas, tras lo cual el Pleno del Ayuntamiento aprobó emprender la misma reclamación en cuanto al número 15 del mismo espacio. En este marco se encuadra el referido plan especial, destinado a catalogar los activos patrimoniales de este conjunto palaciego y de todo su entorno urbano, estableciendo para el barrio de Santa Cruz y su área de influencia los diferentes grados de protección que habrán de regir para cada alineación o inmueble y las intervenciones admitidas en cada finca.