Al menos cinco empresarios han sido detenidos en los últimos meses en el marco de la investigación sobre las presuntas irregularidades en Lipasam. A estas cinco detenciones hay que sumar la del ex gerente de la empresa municipal de limpieza, Rafael Pineda, que prestó declaración ante la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional el pasado martes. Los cinco empresarios arrestados antes que Pineda son todos administradores o apoderados de varias empresas que mantuvieron una relación contractual con Lipasam y a las que ésta pudo supuestamente adjudicarles servicios de manera fraudulenta. La investigación, que dirige la juez de Instrucción 11 de Sevilla, continúa bajo secreto de sumario, por lo que el número de detenidos podría ser aún mayor.

A lo largo del año que lleva en marcha la causa también se ha registrado una de las empresas presuntamente beneficiadas por estas adjudicaciones. Los cinco empresarios detenidos fueron arrestados de la misma forma que el ex gerente de Lipasam, es decir, siendo citados a declarar en la Jefatura y puestos en libertad tras ser interrogados por los agentes que dirigen la investigación. Todos los empresarios declararon, salvo uno de ellos, que se acogió a su derecho a no hacerlo.

Entre los contratos que se están investigando está el del reciclaje de los aceites domésticos usados para convertirlos en combustible biodiesel, que firmó Rafael Pineda como gerente de Lipasam. La empresa municipal de limpieza adjudicó este contrato a una entidad de tratamiento de residuos llamada Selosa Bioenergía que aún no estaba constituida. La firma del convenio se hizo el 25 de marzo de 2008, de cara a recoger los aceites usados de la Feria de Abril, pero Selosa Bioenergía no se constituyó oficialmente en el registro mercantil hasta el 4 de abril de 2008, diez días después de que ya tuviera adjudicado el contrato con Lipasam.

Además, el número de identificación fiscal que figuraba en la documentación era en realidad el DNI de su administrador. Selosa decía en el contrato con Lipasam que estaba autorizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta como gestora de residuos urbanos con un número de referencia que en realidad correspondía a otra empresa con sede en Torredonjimeno (Jaén).

En el contrato con Lipasam, esta empresa supuestamente ficticia se comprometía a instalar unos 2.000 contenedores de basura, mientras que en el año siguiente sólo se habían colocado un centenar en las calles de la ciudad. Tampoco existía el número de teléfono que figuraba en los contenedores para que los ciudadanos pudieran avisar de que éstos estaban llenos.

Todas estas irregularidades que apuntaban a la concesión de un servicio público a una sociedad fantasma ya fueron denunciadas en el año 2009 por UPyD. El partido de Rosa Díez alertó también de que Lipasam contrató el reciclaje de aceites sin abrir un concurso de licitación pública y de que las obligaciones del convenio firmado por Selosa Bioenergía fueron cedidas unos meses después a la sociedad Bioenergía Selectiva Andaluza, de la que no había información alguna en el Registro Mercantil ni en Hacienda. Selosa Bioenergía es además una filial de Selosa Estructuras y Medio Ambiente, una sociedad que estaba detrás de los expedientes de obras bajo sospecha en el distrito Macarena.

Tras la denuncia de UPyD, uno de los administradores de Selosa Bioenergía justificó el desfase entre las fechas de la firma del convenio con Lipasam y de la constitución de la empresa en un "error tipográfico" y aseguró que el documento se firmó en mayo y no en marzo como consta oficialmente. También achacó a otror error el hecho de que no figurara el CIF de Selosa Bioenergía en el acuerdo con Lipasam.

Tras detectar irregularidades como éstas, el Banco de España puso estos hechos en conocimiento de la Justicia. La investigación fue abierta hace aproximadamente un año por el juzgado de Instrucción 11 de Sevilla y encargada al grupo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) especializado en el blanqueo de capitales. Son hasta ahora al menos cinco los empresarios arrestados, mientras que el primer cargo político que prestó declaración como detenido fue Rafael Pineda. La Policía le atribuye los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Otro de los contratos adjudicados por Lipasam que está ahora bajo investigación está relacionado con la limpieza del asentamiento chabolista del Vacie, así como otros trabajos en los distritos. Además, la unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional investiga también otros contratos con otras sociedades para la búsqueda de contenedores de basura más baratos.