Formalizar una situación que ya se produce. El decreto de exclusión social anunciado por la Junta la semana pasada, entre cuyos puntos destaca garantizar tres comidas en el colegio a los hijos de las familias más necesitadas, viene a reconocer un problema que se vive desde hace varios años en los centros educativos de la provincia de Sevilla, donde el equipo directivo y los docentes intentan hacer frente a la carencia que muchos menores sufren en la actualidad ante la merma de recursos económicos en sus hogares.

Un decreto necesario pero que llega tarde. Así podía definirse la normativa que aprobará el Gobierno andaluz y que tantas suspicacias ha levantado dentro y fuera de la comunidad autónoma. En la provincia sevillana los datos revelan que cada curso son más los alumnos que necesitan este servicio no ya para conciliar la vida laboral y familiar de sus padres, sino para asegurar que podrán comer algo durante el día. Desde algunos sindicatos, incluso, se llega a hablar de "hambruna infantil" en una sociedad que hasta hace poco presumía de bienestar social.

Si se atiende a las cifras, en la provincia de Sevilla durante el presente curso 41.663 usuarios se benefician del comedor escolar, un servicio que prestan 316 centros, apenas el 50% de los colegios públicos sevillanos. Dichos números han ido creciendo los últimos años. Hace dos cursos eran 298 centros los que ofrecían esta alternativa, con 38.425 usuarios. Pero el dato más interesantes es la cantidad de niños que comen gratis en ellos debido a la situación que se vive en sus casas. Actualmente, según la Delegación provincial de Educación, el 50% de los alumnos que acuden al comedor no pagan nada por este servicio, es decir, que 20.831 menores almuerzan gratis en los colegios por la falta de ingresos familiares, lo que, por otro lado, garantiza una comida al día.

El porcentaje va en consonancia con la media andaluza y se ha disparado respecto a 2008, año en el que los efectos de la crisis empezaron a hacerse notar, cuando el número de alumnos bonificados en el comedor era sólo del 20%, entre otras razones, porque por entonces este servicio lo utilizaban principalmente aquellos alumnos cuyos padres no podían atenderlos a la hora del almuerzo en casa.

Pero detrás de las cifras se esconden verdaderos dramas humanos. Como es de prever, nadie quiere poner nombre y apellidos a estas historias que son el más claro ejemplo de la crisis que sacude al país. "A mi despacho han llegado muchas madres pidiéndome que hiciera todo lo posible para que su hijo entrara en el comedor, ya que era la única posibilidad de asegurarle una comida caliente al día". Esta declaración la realiza el director de un colegio de Infantil y Primaria de una localidad cercana a la capital hispalense. Este centro es de compensatoria, al encontrarse en una zona en riesgo de exclusión social y en la que los índices de paro se han disparado con el declive económico. "Hay niños que evidencian claramente que sólo reciben una comida al día por la manera en la que engullen los alimentos. Con total voracidad", asegura este director, que añade que varios menores "no conocen algunos productos que les servimos". El comedor de dicho colegio tiene capacidad para 185 comensales, de los cuales el 60% goza de gratuidad total, porcentaje que se ha elevado bastante los últimos años. A principios de curso se dieron de baja 15 familias al no poder pagar el servicio. La razón por la cual no habían logrado una bonificación total es la obligación de presentar la renta del año anterior, cuando aún los progenitores poseían un trabajo. "Esas bajas se cubrieron al momento, ya que hay una larga lista de espera formada, mayoritariamente, por padres con escasos recursos económicos", detalla el director.

En el comedor se sirven dos platos y postre, un menú bastante completo que muchas familias del barrio en el que se encuentra el colegio difícilmente pueden ofrecer a sus hijos en las actuales circunstancias. "No somos un bar ni un comedor social, aunque últimamente este servicio se está asemejando cada vez más a esto último", relata este director. En el centro también se han percatado de que muchos menores entran al aula sin haber desayunado. "En este aspecto, además de la carencia que pueda sufrirse en algunos hogares, también existe un problema de cultura nutricional por el que los padres creen que con cualquier alimento los niños pueden acudir al colegio". Por tal motivo, este centro estableció hace varios años una normativa según la cual los estudiantes sólo pueden entrar en él con bocadillos, productos lácteos o frutas, por lo que queda prohibida el consumo de bollería industrial y golosinas dentro de sus instalaciones.

La crisis no sólo afecta al comedor. El número de alumnos participantes en las actividades extraescolares también se ha visto mermado al resultarle imposible a las familias sufragar su coste, como es el caso de un taller de teatro en inglés, cuyo precio es de dos euros por niño, o las excursiones, a la que muchos menores no acuden ya que no pueden aportar ni una mínima cantidad.

La situación que se vive en muchas casas es tan crítica que la comunidad educativa del colegio se ha visto obligada en alguna ocasión a recaudar voluntariamente fondos para satisfacer las necesidades de ropa de varias familias. "Aunque nunca es agradable constatar las circunstancias por las que atraviesan muchos menores, sí supone una satisfacción comprobar la solidaridad de otros padres y compañeros cuando se requiere su ayuda", concluye el director.

Rafael Belloso es un vecino de El Rubio que este curso no ha podido matricular a ninguno de sus tres hijos en el comedor del colegio Carmen Borrego de la localidad. La solicitud le vino denegada, como a muchos otros padres, al serle reclamada la declaración de la renta de 2011, cuando aún se encontraba trabajando y percibía un sueldo de 1.300 euros. Ahora sólo recibe una ayuda de 426 euros, al igual que su mujer. Se encuentra en lista de espera para que, al menos, su hijo que aún está en Primaria pueda comer en el colegio sin coste alguno, lo que supondría todo un "alivio" para la economía doméstica. Su situación es similar a la de otros tantos padres del municipio, a los que la crisis les ha obligado a recurrir al comedor para garantizar la nutrición de sus hijos ante las carencias que se sufren en el hogar.

Belloso pertenece a la asociación de padres (AMPA) del Carmen Borrego. Estos colectivos se han convertido en fieles testigos de las necesidades de muchas familias. Esto es lo que ha llevado a la federación de AMPA públicas Fampa Nueva Escuela a elaborar un informe sobre dicha situación en los centros educativos sevillanos. Para el citado estudio se ha enviado una encuesta a 60 colegios, de los cuales el 76% asegura que, como mínimo, el 10% de los alumnos que estudian en dichos centros acuden el comedor escolar para garantizar una comida al día. Además, el 84% responde afirmativamente sobre la necesidad que tienen muchos matriculados de contar con el plan de apoyo a las familias establecido por la Junta, mediante el cual, además del comedor, se oferta aula matinal y actividades extraescolares.

Una de las zonas más castigadas por el paro es la conformada por los barrios sevillanos de la Candelaria, Madre de Dios y Los Pajaritos. Allí se encuentra el Colegio Victoria Díez. A su comedor acuden cada día 60 menores, de los cuales, excepto tres, el resto tiene bonificado el coste al 100%. Entre este alumnado hay un alto índice de inmigrantes, cuya situación es todavía más grave. Desde la dirección del centro se incide en que "hay muchas familias que llegan solicitando el comedor porque no poseen recursos suficientes para darles el almuerzo todos los días a sus hijos". La solicitud de la renta del año anterior es también un hándicap para los hijos de los extranjeros, al carecer de datos de años previos.

El secretario general de enseñanza de CCOO en Sevilla, Miguel Albéndiz, asegura que los colegios son prueba evidente del "aumento de la pobreza infantil" como consecuencia de la crisis. Por tal motivo, este sindicato aboga por mantener los comedores escolares durante los meses de verano, posibilidad que ya planteó el año pasado el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, como modo de garantizar la nutrición de los niños durante la época de vacaciones estivales.

Albéndiz, además, hace hincapié en que las necesidades no sólo se evidencian en los colegios, sino también en los centros de Secundaria, que carecen de comedor. En este sentido, Pedro Arias, vocal por Sevilla de la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian) y máximo responsable del IES Albert Einstein, en la barriada sevillana de Pino Montano, explica que los alumnos de ESO que quieran utilizar este servicio han de solicitarlo a través del instituto, que se encargará de pedirlo a la Delegación provincial de Educación, última responsable en otorgar o no un cupo de plazas en el comedor del colegio más cercano.

Arias incide en que actualmente son pocos institutos los que cuentan con esta posibilidad, pese a las carencias de muchos adolescentes. "Creo que cuando los niños de séptimo y octavo de la antigua EGB pasaron a los institutos se cometió un error privándolos de comedor. Los de primero y segundo de ESO deben tener acceso a él como los de Primaria", añade el director del Albert Einstein.

En este centro hay 15 estudiantes que acuden todos los días al CEIP Adriano a almorzar. La mayoría de ellos lo hacen al suponer un ahorro en las maltrechas economías de sus familias y porque así los progenitores pueden trabajar a esas horas y "llevar un sueldo digno a casa". "Casi todos comen en el comedor del colegio por la insistencia de los padres", añade Arias, que detalla que todos reciben bonificaciones en el precio, "algunos del 100%". Estos alumnos comen en el CEIP Adriano en un turno distinto a los estudiantes del colegio. "Si existieran más plazas, seguro que podrían beneficiarse de este servicio más adolescentes, ya que muchas familias lo necesitan por la precariedad que sufren", apostilla este director.

El precio del comedor se mantiene intacto desde 2010, cuando se fijó en 4,50 euros. Ese año se establecieron nuevas reducciones del precio, ya que hasta entonces la Administración sólo pagaba el 75% o 50% del coste. La Junta gasta 7,5 millones de euros al mes en sufragar este servicio en de toda Andalucía, coste que en Sevilla ronda los 1,7 millones.