El expediente de la zona franca de Sevilla autorizado por el Ministerio con el detalle de las empresas interesadas, un documento que el gobierno local viene denegando al PSOE en las últimas semanas, contiene las mismas 20 empresas cuyos nombres ya facilitó a la prensa el gobierno local meses atrás, antes de recibir la autorización oficial del ministro Cristobal Montoro. La única novedad del documento es que aparecen sólo como "potencialmente interesadas", según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Si el gobierno local se resiste ahora a dar los nombres de esas empresas bien podría ser porque aún no existe una ratificación formal de que irán a la zona franca. La mayoría de ellas aguardan con inquietud a que el Ayuntamiento de Sevilla y el Puerto convoquen una reunión para explicar detalles vitales con que calcular los costes y beneficios de la operación. La cita estaba fijada el 2 de septiembre pero se anuló sin nueva convocatoria.

Este periódico consultó este martes con una decena de estas empresas y algunas, como Manufacturas del Acero, confirmaron su marcha atrás. "No nos iremos a la zona franca porque finalmente irá en otro lado de donde estamos", comentó un directivo de la empresa, con sede en la Vereda del Rayo (Dos Hermanas).

Las empresas quieren saber los límites geográficos definitivos que tendrá la zona franca y si se ampliará a otros polígonos (Alcalá y Dos Hermanas) y a otros muelles más allá de las 72 hectáreas de Torrecuéllar previstas inicialmente; así como los precios definitivos a los que se ofertarán las parcelas. Coinciden en que el Ayuntamiento y el Puerto prometieron "suelos a precios ventajosos" pero quieren ver por escrito las cantidades exactas.

La urbanización de los suelos aún rústicos de Torrecuéllar y la construcción de muelles comerciales que deberían tener esos nuevos terrenos son otros puntos vitales por aclarar. Las empresas avisan de que sin esta urbanización no hay espacio suficiente para que se instalen nuevas empresas porque el polígono de Torrecuéllar ya está completo.

"Hay que urbanizar. En las naves que ahora hay en Torrecuéllar no hay espacios; están ocupados", afirmaron ayer fuentes de la dirección del Grupo Lamaignere (con sede en la zona logística del Puerto), que se mostró partidario de que la matriz de la zona franca sea Torrecuéllar pero pueda extenderse también a otros polígonos. La urbanización también es vital para Agencia Marítima Echevarría, asentada en el Muelle de Tablada:"La zona franca debería ser en un suelo de nuevo desarrollo urbanístico a partir de Torrecuéllar donde se construyan nuevos muelles de 200 ó 300 metros y a precio interesante porque de otra forma no se atrae a grandes compañías", recalcó un responsable de la empresa.

El expediente entregado al Ministerio, sin embargo, no dice nada de urbanizar suelos. Sólo da detalles del diseño, grosor y altura del vallado. El problema es quién paga el coste de meter las conducciones de agua, luz y el resto de servicios. Los empresarios que operan en el Puerto están dispuestos a participar pero insisten en que el coste de la urbanización debe pagarse entre todos, incluidas las administraciones y sin olvidar los fondos europeos.

El Ayuntamiento guarda silencio pero este fin de semana el portavoz del PP Juan Bueno envió una nota a la prensa pidiendo al Gobierno central y a la Junta que pongan dinero para la zona franca. Hace falta dinero, por tanto.

Sólo una pequeña parte (al menos cuatro) de las 20 empresas interesadas están ya instaladas en el polígono de Torrecuéllar, el único terreno urbanizado de las 72 hectáreas de zona franca prevista inicialmente. Se trata de Transformados Huévar, Sevitrade, Grupo Jannone e Hispalense de Líquidos, empresas a las que la urbanización de los suelos preocupa bastante menos. El presidente del grupo Jannone, Agusto Jannone, espera que "se bajen los precios del canon municipal y de la Autoridad Portuaria para atraer a nuevas empresas" a la zona franca. Sevitrade, que mueve mercancías líquidas y sólidas, proyecta ampliar sus instalaciones en 2014 pero sus responsables admiten que aún no saben lo que dará de sí la zona franca.

El resto operan en su mayor parte en el Puerto de Sevilla, pero fuera de Torrecuéllar: en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de la carretera de la esclusa, en el muelle de Tablada y su prolongación a El Cuarto y en el Copero. Fuera de los límites portuarios aparecen Siderúrgica Sevillana (Autovía 92, Alcalá), Renault España (Puerto de Algeciras), Migasa (Dos Hermanas) e Instalaciones Inabensa (Palmas Altas).

El expediente que el gobierno oculta aclara que la mayoría de las empresas interesadas están instaladas ya en el Puerto y cuentan con "establecimientos aduaneros autorizados y en funcionamiento". Y añade que en estos casos resultará "más ágil, eficaz y seguro el comienzo de la actividad en el recinto de la zona franca".

Los datos de facturación (1.115 millones de euros) y movimiento de mercancías (1.733.990 toneladas) previstos que se han dado al ministerio son precisamente la suma del negocio de todas esas 20 empresas, según se indica en el documento. La mayor parte de las consultadas no mudarían su sede actual a la zona franca; montarían un servicio auxiliar o complementario.

Siderúrgica Sevillana, otra de las empresas de la lista de 20, aclara que siguen interesados en la zona franca si bien "hay que concretar más el proyecto y las condiciones, y delimitar exactamente el suelo que será zona franca". La dirección de la empresa hace hincapié en que para ellos "sin el dragado del río no tendría mucho sentido y sería más complicado".