La autorización de la zona franca ya es oficial tras salir en el BOE

La autorización estatal de la zona franca de Sevilla se hizo ayer oficial con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un mes después del acuerdo que firmaron en Madrid el ministro Cristóbal Montoro y el alcalde Juan Ignacio Zoido, el pasado 30 de julio. La autorización se otorga al Ayuntamiento de Sevilla y a la Autoridad Portuaria, cada una con un número de identificación fiscal diferente.

El texto deja claro que no habrá obstáculos legales para que el Ayuntamiento forme parte del Consorcio de la zona franca que ha de constituirse obligatoriamente para administrar este espacio de libre comercio. Otra cosa es si podrá presidir el Consorcio, como quería Zoido. Según la orden, el órgano tendrá un presidente, vicepresidente y vocales y "en todo caso estarán representados" en este organismo el Ayuntamiento de Sevilla, el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Portuaria.

En el apartado de disposiciones generales del BOE 209, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica esta orden HAP/1587/2013 que aclara que la zona franca será para "almacenaje, transformación y distribución de mercancías" en los 719.876 metros cuadrados de los suelos de Torrecuéllar y que quedará sometida a un control del tipo 1.

En el texto se citan los organismos afectados por las actividades u operaciones que pudieran desarrollarse en la zona franca que han emitido "informe favorable a la autorización": la Secretaría de estado de Comercio Exterior (Ministerio de Economía), la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación (del Ministerio de Sanidad) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En relación al control aduanero de las instalaciones también hay informes favorables de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Cámara de Comercio de Sevilla envió un escrito apoyando la solicitud.

El Ministerio exige varias condiciones para la entrada en funcionamiento de la zona franca sevillana. En primer lugar, se condiciona "a la ejecución de las obras para el cierre y acondicionamiento de las instalaciones" que deben realizarse para cumplir el proyecto para el que se solicita la zona franca y a su aprobación junto con el reglamento de régimen interior. Debe aprobarlo Aduanas de la Administración Tributaria del Estado.

Buena parte de los terrenos de Torrecuéllar donde va la zona franca son puro campo y deben urbanizarse con acometidas de agua, luz y saneamiento. El resto son suelos ocupados ya por empresas. El Ayuntamiento resta importancia a estas obras, pero necesita como poco seis meses de plazo para preparar el terreno.

Otra condición previa para la puesta en marcha de la zona franca es "que previamente se constituya el Consorcio que la administre y que se aprueben sus estatutos" de acuerdo con la normativa vigente.

Antes de que inicie su actividad la zona franca el Departamento de Aduanas también debe aprobar "la contabilidad de existencias para la gestión de la zona franca". El Ministerio da un plazo límite de dos años al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria para cumplir con todas estas obligaciones, a contar desde su publicación ayer. En este plazo debe "ejecutar las obras y solicitar su aprobación" y haber presentado los estatutos del Consorcio y el Reglamento de Régimen Interior.

El PSOE de Cádiz rompió ayer la escenificación de hace dos semanas con el portavoz de Sevilla Juan Espadas de dar la mano a Sevilla con la zona franca. El portavoz PSOE municipal y secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González, dijo que se han confirmado las "peores sospechas" de los gaditanos y acusó a Teófila Martínez (PP) de ser "cómplice de que la zona franca de Sevilla sea una realidad".