La Consejería de Justicia e Interior eliminará 49.319 expedientes judiciales antiguos que estaban guardados en 1.196 cajas, lo que permitirá liberar espacios de los archivos de los juzgados de la provincia, según el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de documentos carentes de valor de los órganos judiciales andaluces.

Esta nueva destrucción de documentos se suma a los 80.314 que fueron eliminados en una primera fase desarrollada en los juzgados de Sevilla, con lo que al final serán cerca de 130.000 los archivos judiciales que van a ser destruidos. La documentación que va a ser eliminada, según fuentes de la Consejería, alcanzaría más de un kilómetro de distancia si se alinearan todas las cajas que contienen estos expedientes obsoletos y cuyo almacenaje resulta ya innecesario. Estos expedientes que van a pasar por la planta destructora proceden de los juzgados de Instrucción números 5, 14 y 16.

La primera destrucción masiva de documentos judiciales se llevó a cabo en seis provincias andaluzas, entre ellas Sevilla. En este caso, los documentos eliminados pertenecían a diligencias previas y juicios de faltas celebrados en la décadas de los 70, 80 y 90. Ahora la eliminación de archivos se va a extender a todas las provincias andaluzas, tras el último acuerdo de la Junta de Expurgo.

La destrucción selectiva de documentación judicial ha sido fruto del acuerdo de la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos. La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa que está presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace la función de secretario. Este órgano es el encargado de determinar la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico.