Francisco Báez (Sevilla 1937), empleado de Uralita ya jubilado, ha escrito un libro de divulgación sobre el amianto, con casos reales, que se presentará el 18 de febrero en el Colegio de Abogados de Sevilla. Fue castigado por la empresa con un traslado forzoso a la filial Itece, por difundir a la opinión pública datos de afectación, reflejados en la tesis doctoral de uno de los médicos de empresa de la compañía. Querían acabar con su activismo, en una filial que no trabajaba con amianto. Participó también en la primera normativa nacional sobre amianto a finales de los 80 y en programas de televisión como experto. Entonces aún no estaba prohibido en España y no lo estaría definitivamente hasta 2002. En 1999 una orden ministerial de Presidencia prohíbe 'la utilización, producción y comercialización de las fibras de amianto y de los productos que lo contengan'.

Báez es uno de los pocos ex trabajadores de Uralita que no están enfermos por respirar las microscópicas fibras de amianto. Trabajó de administrativo en la delegación comercial de la calle Adriano, lejos de la fábrica de Bellavista. Sí lo están casi todo el millar de operarios y mandos de la plantilla, muchos ya fallecidos. Autodidacta con vocación científica, especialmente en ciencias biológicas, carrera que comenzó, empezó a conocer los efectos cancerígenos del amianto antes de ser elegido enlace sindical en los años 70, pero entre los representantes sindicales primaba salvar los empleos.

El comité de empresa de Sevilla supo los efectos nocivos del amianto a mediados de los 70, cuando el doctor López Areal, pionero en este estudio en España, los expuso a los trabajadores de la fábrica de Getafe. Los doctores Picado y Rodríguez Roisín lo hicieron en la de Cerdanyola. El comité hizo una denuncia pública a la prensa, y Báez se propuso difundir toda la información científica a los trabajadores. El sindicato le puso dos secretarias para mecanografiar las cartas a investigadores internacionales para pedirles más información científica. La empresa ofreció crear una comisión nacional del amianto, en la que participó Báez, para debatir internamente el problema. El comité lo aceptó porque la empresa "mantenía discursos distintos en sus fábricas en España" y había laxitud o graves incumplimientos en el funcionamiento de las instalaciones preventivas, lamenta.

Opina que Uralita, que cerró la fabricación de productos de amianto-cemento en 2002, "no hizo lo suficiente" para evitar la contaminación de sus trabajadores y aunque se adelantó a crear la comisión nacional del amianto, sólo "sirvió para ponerle sordina al problema hasta que llegó contarse con una legislación específica, que marcaba unos mínimos a cumplir".

Del segundo juicio colectivo que este lunes comienza en Sevilla, lamenta que las indemnizaciones queden a criterio del juez, al no estar regladas. "La cuantía de las indemnizaciones es una lotería. Hay sentencias judiciales que evidencian una ignorancia supina y hay ejemplos clamorosos", se queja. Las familias de las víctimas que mueren, sólo tienen un año para denunciar y reclamar una indemnización; de lo contrario, los casos no prosperan judicialmente.

Denuncia que el registro de empresas con riesgo de amianto sea de inscripción "voluntaria" (el Estado delega en ellas la materialización de esa obligación), y que algunos jueces no tengan eso en cuenta y asuman que si la empresa demandada no figuraba en el registro es que nunca trabajó con riesgo de inhalación de amianto. Báez constata un mínimo de 216 empresas no inscritas en el registro (RERA) pese a que existen evidencias de que en ellas ha habido exposición laboral al amianto; algunas fuentes señalan que alcanza el 70%.

El libro ofrece una perspectiva histórica de lo que llama "una conspiración de silencio" porque "la nocividad del amianto se conoció mucho antes del momento en que se prohibió" al demostrarse que "no hay posibilidad de usar controladamente el amianto" sin contaminarse y sobre todo "por las graves patologías que causa, especialmente el mesotelioma, un cáncer de pleura sin cura y muy agresivo que en meses acaba con el paciente". Su compañero Luis Muñoz Vázquez, de CCOO, que colaboró con él, falleció hace meses de mesotelioma, "la anaconda interna", dice Báez.

También aborda el mesotelioma que padecen las familias de los trabajadores, por lavar la ropa en el domicilio o habitar en el entorno de la fábrica. Escribe, además, los acuerdos extrajudiciales a los que recurren las empresas del amianto "a cambio de evitar el juicio y las protestas", lamenta. Alerta de que el problema no acaba con su prohibición, porque hay miles de toneladas de amianto en edificios, tuberías, falsos techos, etcétera, que habría que ir eliminando. Reitera en España aún no se ha alcanzado el pico de incidencia más alta de afectados por mesotelioma porque los síntomas de la enfermedad tardan en dar la cara varias décadas, y la prohibición total fue reciente.

El amianto o asbesto es una fibra mineral resistente al calor y a los ácidos, y es un producto barato para la industria. Es peligroso al inhalar sus fibras que se agarran a los pulmones y allí permanecen años y años. Una hebra aumentada 1.000 veces se ve algo más grande que un cabello humano.