La crisis económica ha provocado la proliferación de talleres ilegales de reparación de automóviles. Mecánicos que antes trabajaban para algún concesionario y perdieron sus empleos han montado sus propios negocios. No siempre cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa. A ellos se le unen también quienes tienen dos trabajos, es decir, por la mañana tienen su empleo en algún taller y por la tarde reparan automóviles en un local propio, con lo que le hacen la competencia a la empresa que les paga. Este fenómeno se ha disparado en la provincia de Sevilla de la mano de la crisis.

Prueba de ello son las estadísticas de la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta, que se conoce popularmente como Policía Autonómica. En el año 2013 en la provincia de Sevilla, esta unidad cuadruplicó sus inspecciones a talleres. Pasó de 146 controles en el año 2012 a 615 en 2013. De ellos, 57 inspecciones dieron como resultado la apertura de un acta o denuncia por distintas irregularidades.

También las infracciones detectadas se duplicaron, ya que en el año 2012 fueron 29 los talleres con irregularidades, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Sevilla es, con diferencia, la provincia andaluza con más inspecciones sobre talleres, con casi tres veces más que la segunda, Granada (con 270 controles), y la tercera, Cádiz (con 243).

Según fuentes de la Consejería de Justicia e Interior, la Policía Autonómica se ocupa en sus inspecciones de comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en estos establecimientos de reparación de vehículos, así como de verificar si hay un adecuado tratamiento de los residuos tóxicos que se generan en los talleres como aceites y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas.

Las infracciones más frecuentes denunciadas durante el pasado año por la Policía Autonómica en los talleres mecánicos andaluces fueron la carencia de una licencia municipal para ejercer esta actividad y no estar inscrito el propietario del establecimiento en el registro de pequeño productor.

Las otras infracciones más denunciadas por los agentes autonómicos fueron las relacionadas con el medio ambiente, por incumplimiento de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, fundamentalmente la mezcla de diferentes categorías de residuos peligrosos, la mezcla igualmente de desechos tóxicos con otros que no tienen tal consideración y la entrega, venta o cesión de esos residuos contaminantes a un gestor no autorizado.

"Se ve claramente una relación entre la crisis económica y la proliferación de estos talleres", apuntó a este periódico el responsable de Medio Ambiente de la unidad adscrita, Tomás Rodríguez. Este agente apuntó que la mayoría de las inspecciones que hacemos surgen tras las denuncias de la patronal del sector, tanto de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) como de la asociación de talleres de reparación de automóvil. También hay inspecciones por iniciativa propia y por denuncias anónimas que recibe la Policía.

Una vez que llegan al taller, los agentes comprueban si cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa. "Algunos de estos talleres no tienen máquinas homologadas, lo que puede ocasionar problemas de seguridad vial. El cliente ha de saber que su reparación puede no ser del todo correcta", indicó el responsable de la Policía Autonómica, que también destacó la fuerte competencia desleal que suponen estos negocios clandestinos para el sector.

"Nos preocupa mucho el tema medioambiental. En algunos de estos talleres se mezclan residuos que deberían destruirse y esto genera contaminación. Los residuos son principalmente el aceite, los filtros y las baterías. Los talleres han de tener contratado un gestor de residuos autorizado para que destruyan estos elementos. Sin embargo, en alguna ocasión hemos llegado a ver que se vierten ácidos y otros fluidos a la red de alcantarillado público, lo que podría llegar a ser considerado incluso como un delito contra el medio ambiente".

El agente explicó que todos los talleres tienen que contar con un gestor de residuos, puesto que de lo contrario es difícil deshacerse de aceites, baterías y filtros. "A veces nos dicen que los llevan a un punto limpio, pero no es éste el protocolo a seguir ni tampoco sabemos qué tipo de tratamiento puede seguir el residuo en el punto limpio", añadió el policía.

En el caso de que no haya gestor de residuos conocido, los agentes de la unidad adscrita levantan un acta que se envía a la Consejería de Medio Ambiente. Este documento se convertirá luego en una multa. Si el negocio no tiene licencia de apertura, en ese caso el acta se deriva al Ayuntamiento del municipio en cuestión, que es el competente en esta materia. La mayoría de las inspecciones de la unidad adscrita se han producido en la corona metropolitana de Sevilla.