Sentarse en un banquillo de los acusados frente a un jurado popular supone afrontar una más que probable condena. La estadística así lo atestigua. Desde que se creó la figura del jurado popular, en 1995, se han tramitado en Sevilla 271 procedimientos, que han acabado con 236 condenas y sólo 17 personas absueltas en estos veinte años. El porcentaje de condenas se sitúa, por tanto, en el 92,79%, lo que demuestra la extraordinaria dureza de estos tribunales compuestos por ciudadanos de la calle. Es la justicia del pueblo.

Aunque la ley del jurado entró en vigor en 1995, en la Audiencia de Sevilla no se celebró el primer juicio hasta el año siguiente, a principios de 1996. En el periodo 1996-2015 han entrado un total de 271 procedimientos del tribunal del jurado, de los cuales se han celebrado 145 juicios que han acabado en 121 veredictos de culpabilidad y sólo 17 personas (7,21%) han sido declaradas inocentes, mientras que otros 16 casos finalizaron de otra forma; por ejemplo, fueron reconvertidos en otros procedimientos judiciales ordinarios. 

De esas 17 personas absueltas, siete estaban acusadas de delitos de homicidio o asesinato, otras cuatro de allanamiento de morada, dos de un delito de omisión del deber de socorro -por ejemplo, por darse a la fuga tras un accidente-, otras dos por amenazas, una por malversación y otra por un delito de exacciones ilegales.

A los 121 veredictos de culpabilidad hay que sumar otros 115 casos en los que los acusados, antes del juicio, mostraron su conformidad con la petición de la Fiscalía y aceptaron la pena impuesta, la mayoría de las veces en casos más leves y logrando a cambio una pequeña rebaja de la pena solicitada inicialmente por la acusación pública.

El año en el que se celebraron más vistas orales con jurado fue 2012, cuando la oficina del jurado de Sevilla recibió 20 nuevos procedimientos, se celebraron igualmente 20 juicios -algunos de ellos incoados el año anterior- que acabaron en 12 veredictos de culpabilidad y una absolución, y hubo además otras siete condenas por conformidades. En 2001 también se registraron un total de 26 procesos, aunque sólo se celebraron 16 juicios.

En lo que va de 2015 se han enjuiciado cuatro casos ante el jurado popular en Sevilla por delitos de asesinato u homicidio que han acabado todos en condena, es decir, el 100% de estos juicios celebrados este año.

La extraordinaria dureza con la que imparten justicia los tribunales ciudadanos tiene varias lecturas. La primera, que los casos que se exponen al jurado para su deliberación llegan tras una exhaustiva labor de investigación, lo que hace que se presenten unos hechos claros y rotundos, con pruebas igualmente concluyentes, lo que elimina cualquier posible duda. 

Además, una gran parte de los juicios se deben a casos de asesinato u homicidio, y en muchas ocasiones los acusados han reconocido previamente su implicación en las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción del proceso, con lo que el acto de la vista oral se reduce muchas veces a concretar la posible calificación penal y la gravedad de los hechos enjuiciados.

De hecho, más de la mitad de los juicios con jurado celebrados en las últimas dos décadas se corresponden con delitos de homicidio o asesinato, seguidos de los allanamientos de morada, cuya inclusión entre las competencias del jurado suscitó ciertas críticas en su día que continúan en la actualidad.

También son numerosos los casos en los que los ciudadanos deben enjuiciar delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas, que en los últimos años han experimentado el crecimiento más importante. Casos como el de las facturas falsas del distrito Macarena, el del intento de compra de la voluntad de una concejal en el Ayuntamiento de Camas -a la que ofrecieron dinero y un piso en la playa a cambio de votar a favor de determinadas operaciones urbanísticas- y la exigencia de una mordida a los hosteleros de La Raza por la gestión de la escuela de hostelería de Mercasevilla son claros ejemplos de estos juicios que cada vez son más frecuentes ante un jurado popular. En estos tres casos, el jurado, fiel a la estadística, se mostró implacable y dictó veredictos de culpabilidad, aunque en uno de ellos decidió absolver a una de las procesadas, en este caso, una secretaria de dirección de Mercasevilla.

En los próximos meses, otro jurado tendrá que juzgar a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP), que está acusada de un delito de cohecho por el bolso de Loewe que le fue entregado por un empresario vinculado a la trama Gürtel, a cambio supuestamente de que votara a favor de la moción de censura presentada en enero de 2005 contra el entonces alcalde socialista de la localidad. 

Al jurado no sólo llegan casos de supuestas corrupciones políticas, también son enjuiciados los delitos cometidos por funcionarios públicos, como algún empleado de Correos que se había quedado con parte de los giros postales e incluso en una ocasión fue juzgado un funcionario que aceptó una condena por haber realizado llamadas a líneas eróticas desde un teléfono de un Ayuntamiento de la provincia. En otra ocasión fue condenado un alcalde de una localidad por haberse gastado más de 6.000 euros en llamadas realizadas a una vecina del pueblo con el teléfono móvil oficial del Ayuntamiento. 

Los únicos delitos con competencia del jurado que aún no han sido juzgados en Sevilla son el tráfico de influencias y de infidelidad en la custodia de presos, por la huida de algún recluso.