Policía Local bajo sospecha: 53 imputados desde 2010

La Policía Local de Sevilla lleva un lustro bajo sospecha. Desde el año 2010, un total de 53 policías locales han sido investigados y, en algunos casos, hasta procesados por la comisión de distintos delitos. La cifra no deja de ser trascendente si se tiene en cuenta que la plantilla del Cuerpo en la capital está integrada por más de un millar de agentes, lo que supone que la conducta de un 5% aproximadamente está siendo analizada por un juez.

Desde 2010, la Policía Local de Sevilla se ha visto salpicada por tres principales investigaciones. La más importante y la más reciente está relacionada con el presunto amaño de dos oposiciones convocadas en 2013 para la provisión de 56 y 47 plazas de policía local. En esta causa están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son policías locales -32 de los cuales son los agentes que superaron las oposiciones mencionadas en medio de denuncias por la supuesta filtración del examen- y otros cinco formaban parte del tribunal. En este grupo destaca el superintendente de la Policía Local Juan José García, así como un inspector jubilado, un subinspector, un oficial y un policía de la junta de personal.

Los otros ocho procesados son dos funcionarios del tribunal que pertenecen a la delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, un representante de la empresa que suministraba la ropa a la Policía Local, y cinco opositores que finalmente no obtuvieron plaza en estas convocatorias.

Esta causa está actualmente pendiente de que se resuelvan los recursos presentados por algunos de los acusados, si bien el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, que investigó la causa, ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral y la Fiscalía ha presentado sus conclusiones provisionales.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el superintendente Juan José García, al que atribuye delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos. A los agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes, la Fiscalía reclama el pago de una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y otros cuatro años de inhabilitación.

La Fiscalía ha solicitado además que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones para los procesados, dado que entiende que las resoluciones dictadas por el tribunal dimanan de los delitos investigados, y reclama que de las "consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad" deben responder todos los imputados y "solidariamente" con el Ayuntamiento de Sevilla, que ha sido declarado responsable civil subsidiario.

En esta investigación, el instructor impuso una fianza de 258.872,47 euros al superintendente y a otros tres acusados, mientras que al resto de procesados, en su mayoría los policías que superaron las oposiciones, se han fijado fianzas que oscilan entre los 120.000 euros, en el caso de 22 imputados, y los 136.777,47 euros a otros 19 procesados.

En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla las relaciones que tienen los opositores beneficiados por la filtración con mandos, agentes y sindicalistas de la Policía Local. El Ministerio Público señala que aprobaron un hermano de la "compañera sentimental" del superintendente y un sobrino de éste, aunque también figura un sobrino del nuevo superintendente Gabriel Nevado, así como dos hijos de un subinspector, hijos de oficiales -uno de ellos pertenecientes a la Unidad de Escoltas del alcalde- y de otros tantos agentes del Cuerpo. También figura el hijo de un representante del PSOE en la Junta del Distrito Norte; el de un comisario de la Policía Nacional; los de los jefes de Policía de Umbrete y Algeciras; y el de un funcionario de los juzgados ya jubilado.

Según la Fiscalía, los 32 acusados que recibieron las respuestas en las dos oposiciones se habían beneficiado de la "obtención de plaza con manifiesta injusticia y la percepción de salarios desde su toma de posesión hasta la fecha", lo que asciende a cantidades que oscilan entre los 68.000 y 79.000 euros.

En otra investigación abierta por las tasas de transportes y denuncias de tráfico están imputadas 17 personas, de las cuales 12 son policías locales (dos subinspectores, un subinspector ya jubilado, y nueve agentes, ente ellos uno jubilado), mientras que las otras cinco son un tramitador de documentos administrativos y cuatro trabajadores de las empresas de grúas. En esta investigación había otro policía local más imputado, pero falleció, al igual que le ocurrió a la magistrada que entonces dirigía el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, lo que ha ralentizado esta investigación que se abrió en el año 2010. En este sumario se analiza la actuación de los agentes, que pertenecen o han pertenecido a la unidad de Tráfico-Motoristas por el supuesto cobro ilegal de tasas.

El Ayuntamiento de Sevilla tuvo conocimiento de las denuncias de corrupción en diciembre de 2009, cuando la Hacienda Local envió un escrito al jefe de la Policía Local indicándole que el Ayuntamiento había ingresado 6.815,03 euros a lo largo del año por la tasa de transportes especiales y que únicamente se tenía constancia de 19 servicio de escoltas a grandes mercancías y cortes de calles. Este impuesto era cobrado supuestamente por alguno de los agentes imputados, que percibieron 200.000 euros en cinco años sólo de una de las empresas de grúas, por lo que el fraude se estima que puede superar incluso el medio millón de euros.

El encargado de cobrar las tasas era un policía ya fallecido, que, con la colaboración de otros agentes veteranos y un grupo reducido de otros miembros de la unidad, se dedicaban a realizar cortes de calles, ordenación del tráfico y escolta de mercancía de manera extraoficial. El dinero de la tasa no se ingresaba luego en el Ayuntamiento y sólo comenzaron a realizarse los ingresos a partir de septiembre de 2009., cuando de los policías imputados fue detenido en el marco de la operación Pájaro, un golpe de la Policía Nacional al tráfico organizado de hachís y anabolizantes.

De otro lado, el juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla procesó a otros cuatro policías locales que serán juzgados a partir del próximo 16 de junio en la Audiencia Provincial, por haber defraudado 5.038,75 euros al Ayuntamiento con el cobro de dietas falsas por asistencia a los juicios. La Fiscalía reclama para estos cuatro agentes, que pertenecían al grupo Giralda -la unidad especializada que patrulla de paisano en el centro-, una condena de cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público en concurso con otro delito de fraude y exacciones ilegales.

La Fiscalía sostiene que los cuatro policías se pusieron de acuerdo entre 2007 y 2011 y "tramaron un plan" para cobrar las dietas de asistencia ajuicio, que el Ayuntamiento estuvo abonando hasta el verano de 2011 -cuando decidió suspender su abono por el maltrecho estado de las arcas públicas- y que ascendían a 34,75 euros por asistencia a actos judiciales fuera de las horas de servicio.