El problema de la Administración de Justicia no es sólo una cuestión económica, sino de organización. Ésta es la principal conclusión a la que ha llegado el magistrado de la Audiencia de Sevilla Francisco Gutiérrez López, quien pronunció ayer una conferencia en el club Antares en un acto organizado por el Observatorio Económico de Andalucía.

"El problema central de la Administración de Justicia en España entre 2004 y 2013 es más de diseño organizativo que económico, pues el aumento del gasto, que ha sido importante, no ha mejorado su funcionamiento porque la política de gasto ha sido estéril o ineficiente, pues no se ha centrado en combatir las variables que causan el mal funcionamiento: déficit de jueces y excesiva litigiosidad", aseguró Francisco Gutiérrez, quien detalló las principales conclusiones a las que ha llegado en la tesis doctoral que ha defendido recientemente en el departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla.

El magistrado reconoce que en el periodo analizado se ha concedido una "cierta preferencia" al gasto en la Administración de Justicia, dado que entre 2004 y 2013 la inversión en Justicia ha crecido un 48,40% frente al 39,45% de incremento en las administraciones públicas, destacando que la recaudación tras la entrada de la ley de tasas se duplicó, al pasar de representar el 4,59% del gasto total de la Administración de Justicia en 2012 al 8,86% en 2013.

En su discurso, el juez llamó la atención respecto al gasto generado al Estado por el mal funcionamiento de la Justicia que, según dijo, supuso un coste cercano a los 84 millones de euros por los salarios de tramitación y en concepto de responsabilidad patrimonial por el "anormal funcionamiento" de la Justicia -cuando se produce una decisión judicial que conlleva una compensación económica-.

Francisco Gutiérrez concluye que el incremento del gasto presupuestado en este periodo (se ha pasado de 2.356 millones en 2004 a 3.496 millones en 2013) no se ha traducido en una disminución de los asuntos pendientes de resolver, ni tampoco el incremento de la planta de jueces. "Sólo cuando descendió el número de asuntos ingresados y siguió incrementándose, aunque levemente, la planta de jueces, bajó el número de asuntos pendientes", aseveró Francisco Gutiérrez.

Para el magistrado, no cabe duda de que la causa que de forma más determinante ha incidido en el funcionamiento de la Administración de Justicia en España es la confluencia de una "excesiva litigiosidad y un bajo número de jueces, que provoca una sobrecarga de trabajo para los jueces que deviene inasumible".

En 2012, prosigue el magistrado, la tasa de litigiosidad media en otros países europeos era de 4.625 asuntos por cada 100.00 habitantes, la de España era de 16.885 según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo mismo ocurre con el número de jueces y fiscales, que es muy inferior a la media europea: en España había en 2013 un total de 5.211 jueces y 2.407 fiscales.

La conjunción de ambas variables provoca que en 2012 la carga de trabajo por cada juez en España fuese de 645,4 asuntos, muy superior a la media europea, que se situó en 327,3. Según el servicio de inspección del CGPJ, de los 3.896 órganos judiciales que hay en España, 1.695 superaban el 150% del módulo de entrada de asuntos considerado como adecuado; otros 1.280 superaban el 100%; y sólo 921 no lo alcanzaban, con lo que el 76,37% superaba el módulo de entrada.

Para mejorar la situación de la Justicia, Francisco Gutiérrez propone mejorar la coordinación entre las administraciones competentes para evitar "disfunciones indeseadas", como el hecho de que existan hasta "nueve sistemas informáticos" distintos, así como el establecimiento de criterios comunes de contabilización del gasto y una mayor transparencia en la recaudación para "conocer la capacidad recaudatoria" de la Administración de Justicia. Asimismo, propone un nuevo diseño de la oficina judicial y aumentar la planta de jueces y fiscales en Andalucía.