Telefónica amenaza con llevar a algunos de los afectados por las facturas que contenían llamadas supuestamente no realizadas a líneas 905. Decenas de ciudadanos de Sevilla y otras provincias españolas han recibido en los últimos meses facturas telefónicas por importes muy elevados -algunas de ellas superiores a los 3.000 euros- en los que se detallaban centenares de llamadas realizadas a líneas 905 en cuestión de minutos. Muchos de los afectados son ancianos que residen solos, que cobran pensiones inferiores a las facturas que les han llegado y que sostienen que jamás han hecho tales llamadas. Así, se han dado casos de nonagenarios que supuestamente han hecho más de cien llamadas en diez minutos a un concurso de televisión a las tres de la madrugada. Una vecina de Torreblanca recibió una nota de 3.100 euros por 1.380 llamadas realizadas una sola noche.

Telefónica considera que esas comunicaciones se realizaron desde los números de teléfono de los abonados y solicita el pago íntegro de las facturas. Algunos de los afectados -la mayoría de los cuales no han pagado y han comenzado a asociarse- ya han recibido cartas de bufetes de abogados contratados por la compañía. En una de estas misivas, a la que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Telefónica aseguran que, si el cliente no paga las facturas en un plazo de siete días desde la recepción de la carta, procederán a "cuantas acciones judiciales sean necesarias para obtener el pago de la deuda, que pudieran concluir en el embargo de sus bienes e incluso sus datos serían incluidos en el registro de morosos". La carta termina con un número de cuenta en el que pueden realizar el ingreso.

La compañía ya explicó recientemente a este periódico que había revisado todas las líneas en las que se habían presentado reclamaciones y no se habían detectado anomalías, por lo que consideraban que las llamadas se habían hecho. Un portavoz de la empresa sólo admitió errores en el caso de un ciudadano al que se le pretendía cobrar una factura cercana a los 1.000 euros por llamadas realizadas a 14 países de Iberoamérica, África y el Este de Europa, que se debieron a un cruce de líneas.

Decenas de casos de facturas elevadas por llamadas repetidas a los 905 han sido puestas en conocimiento de la Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) y de las oficinas tanto del Defensor del Pueblo Andaluz como de la comisión municipal de quejas y sugerencias, órgano conocido popularmente como Defensor del Ciudadano. El asunto fue tratado ayer en una reunión que mantuvieron los representantes de esta oficina con los responsables de la Facua. En este encuentro, la oficina del Defensor hizo entrega a la Facua de las más de 20 denuncias que tienen en sus archivos. La Facua, por su parte, acumula ya más de 1.500 casos que está estudiando para una acción conjunta.