Sevilla

Magistrados recuerdan que Miguel tiene derecho "incluso a mentir"

  • Jueces y fiscales dicen que el cambio de declaración "es completamente impune" y no agravará la condena y discrepan sobre la posibilidad de que se le imputen los gastos del dispositivo de búsqueda.

El hecho de que el asesino confeso de la joven sevillana Marta del Castillo, Miguel Carcaño, haya mentido sobre el lugar en el que se deshizo del cadáver -en un contenedor de basuras y no en el río Guadalquivir según su última declaración- no agravará la pena a la que se le condene porque "la mentira es completamente impune", según mantienen varios jueces y fiscales consultados por Europa Press.

Miguel está en su derecho de cambiar de declaración "tantas veces como quiera", pues la Constitución permite no declarar o no hacerlo contra uno mismo y, frente al derecho estadounidense que sí pena la mentira, en España el acusado "tiene derecho hasta a mentir", aseguran varias de las fuentes consultadas que indican que, "a pesar de que esté feo decirlo, en la práctica, puede hacerse".

Haber mentido sobre el supuesto lugar en el que arrojó el cuerpo de Marta no tendrá consecuencias en la condena que se le pueda imponer al final del juicio al asesino confeso, lo que sí las tendrá es el hallazgo del cadáver pues éste podría aportar pruebas para determinar cómo murió la adolescente y para saber si Miguel cometió un asesinato o un homicidio.

Con su cambio de declaración, el acusado podría estar siguiendo una "estrategia legítima" aunque "poco sólida", señalan los magistrados consultados, ninguno de los cuales afirma, sin embargo, que dicha estrategia podría tener por objetivo que el cuerpo de Marta nunca apareciese y evitar así que las pruebas forenses que se le practicasen al cadáver pudieran determinar las circunstancias en las que acabó con su vida.

Y es que entre ser condenado por homicidio o por asesinato hay una "diferencia de unos cuantos años", quince o menos en el primer delito y veinte o incluso treinta en el caso del segundo, explica un magistrado.

Así las cosas, "las consecuencias llegarían de hallarse el cuerpo, no por mentir", mantiene un juez, al tiempo que otros de los consultados indican que "decir hoy una cosa y mañana la contraria" infiere en "la volatilidad de las afirmaciones y la carencia de todo tipo de crédito". No obstante, "nunca será suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia" ni supondrá un agravante, subrayan.

Discrepancias sobre la posibilidad de imputarle los gastos del dispositivo

Uno de los magistrados consultados asegura que "es perfectamente posible" que los gastos del dispositivo de búsqueda puesto en marcha en el río Guadalquivir desde que los inculpados declararan haber arrojado el cuerpo al río desde el puente de Camas, puedan ser reclamados a los autores del crimen.

"En la práctica es difícil que los asesinos lleguen a pagar" pero el operativo se sufraga "con los impuestos de todos los ciudadanos", por lo que "teóricamente es posible" que la administración encargada del mismo "presente una factura con lo que cuesta el dispositivo y la reclame".

Otro de los jueces consultados apoya esta teoría y ve "posibilidades" de que el coste del dispositivo -que habría sido baldío de confirmarse que el cuerpo no fue arrojado al Guadalquivir sino a un contenedor de basura-- pudiera ser considerado como costas del procedimiento judicial y que, de ese modo, cuando Miguel sea condenado por la muerte de Marta deba también abonar el gasto del operativo montado tras su declaración inicial.

Por el contrario, otros jueces y fiscales apuntan a que a Miguel y al resto de los acusados sólo se les podrá condenar a pagar las costas que se devengan en el juicio y dudan de que los gastos generales ocasionados durante la fase de instrucción, como en este caso, puedan incorporarse a las primeras.

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