La crisis económica sigue mostrando sus efectos negativos en los tribunales de Justicia. Hasta el pasado 31 de julio, los bancos habían presentado 936 demandas para la ejecución de inmuebles hipotecados, lo que significa que casi un millar de familias puede perder sus viviendas por el impago de los créditos.

Las estadísticas reflejan que los problemas económicos de las familias siguen creciendo. Basta comparar las 936 demandas presentadas en lo que va de año con las 582 que se contabilizaban en el mismo período de 2008, aunque al cierre de este año el número de reclamaciones por impago de hipotecas alcanzó las 1.216. Teniendo en cuenta que todavía quedan cinco meses para cerrar este ejercicio, las ejecuciones de inmuebles podían incluso superar esa cifra, que dista mucho de las 500 demandas que se contabilizaron en el 2007, cuando España aún no había entrado oficialmente en recesión económica.

Si se suman las demandas presentadas desde 2007, superan ya las 2.600, aunque la mayoría proceden del año pasado y de los siete meses que han transcurrido de este año. El objetivo de la demanda es la subasta pública del bien hipotecado para satisfacer el crédito y, una vez iniciado el trámite, no se puede detener a menos que la persona morosa abone la totalidad de la deuda pendiente. Lo que sucede es que cuando un banco ha iniciado la ejecución, la satisfacción de la deuda es prácticamente irreversible porque los bancos no adoptan esta medida hasta que se ha producido un incumplimiento reiterado en la obligación de pago.

Los juzgados de Sevilla también siguen experimentando crecimientos importantes en otros procedimientos de reclamación de cantidades. Así, los procedimientos denominados monitorios -en los que se persigue el cobro de cantidades inferiores a los 30.000 euros y que cuentan con un soporte documental, como los préstamos al consumo o las ventas a plazos- ascendían hasta el pasado 31 de julio a 11.352, mientras que en el mismo período de 2008 sólo se contabilizaron 8.732.

También siguen creciendo los juicios ordinarios, en los que se reclaman cuantías superiores a 3.000 euros y no hay ningún soporte documental que acredite la deuda. Hasta julio pasado se registraron en los juzgados de Sevilla 3.131 asuntos tramitados como juicios ordinarios, mientras que en el mismo período del año pasado entraron 2.538 casos.

Las estadísticas también ponen de manifiesto que se mantienen en un mismo nivel los juicios verbales, que son aquellos en los que se dirimen cuestiones como el impago de rentas por arrendamiento de inmuebles, siempre que la cuantía no exceda de los 3.000 euros. En lo que va de año, se han contabilizado 2.353 juicios verbales frente a los 2.523 de 2008.

Las reclamaciones para cobrar una letra de cambio, un cheque o un pagaré se han duplicado de un año a otro. De los 1.057 juicios cambiarios que se habían registrado en julio del pasado año se ha pasado a 2.113.

El incremento que la crisis está teniendo en la tramitación de todos estos procedimientos relacionados con el cobro de deudas está saturando de trabajo a los juzgados de Primera Instancia de la capital, hasta el punto de que los jueces han alertado de una situación que amenaza con provocar mayores retrasos. La crisis afecta, principalmente, a la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia, de lo Social y de lo Mercantil. Los jueces han pedido que se creen nuevos órganos y que se adopten medidas de refuerzo. Por el momento, sólo se ha creado el segundo juzgado de lo Mercantil.