El Colegio de Arquitectos de Sevilla denunció ayer que las administraciones siguen en la "inercia" de incumplir reiteradamente la Ley de Contratos para adjudicar los concursos "de forma dirigida", a dedo y siempre a los mismos, pese a las advertencias de Europa en las últimas décadas que han forzado sucesivos cambios en la legislación nacional, hoy más exigente.

Entre 2005 y 2009, la institución llegó a presentar 86 recursos administrativos contra licitaciones públicas (la mitad contra ayuntamientos sevillanos, 23 contra la Junta y 15 contra universidades, fundaciones y otras entidades) para pedir que se corrigieran las irregularidades, pero con escasa respuesta. Sólo se estimaron 24 quejas por parte de ayuntamientos y entidades, mientras la Junta no admitió ninguna. De los 62 recursos desestimados, más de la mitad (37) lo fueron por silencio administrativo.

Ante esta falta de colaboración, el colegio ha interpuesto en estos años 39 recursos ante los tribunales contencioso-administrativos sobre proyectos licitados por ayuntamientos, entidades y por la Junta de Andalucía, un proceso que alarga varios años su resolución. El decano del colegio, Ángel Díaz del Río, explicó que se han ganado unas cinco sentencias, entre ellas contra la Diputación por la tramitación conjunta del proyecto de obras y construcción de cuatro Parques de Bomberos (El Saucejo, Sanlúcar, Lora y Gerena), contra los ayuntamientos de Castilblanco y Castilleja de Guzmán por los contratos para la redacción de sus planes generales (PGOU), y contra el de Espartinas por el contrato para la redacción del plan parcial.

Lo que no se entiende es que la institución no ha forzado la ejecución de tales sentencias, con el argumento de que habría supuesto tener que derribar edificios ya construidos. "No se han pedido ejecuciones de sentencia en contra del interés público", respondió ayer el decano a preguntas de la prensa. Con sentencias que no se hacen cumplir, "las prácticas condenables de mantienen; por eso no hemos tenido más remedio que trasladarlo a la opinión pública", admitió el decano.

Según el informe de licitaciones de los últimos cinco años, las nueve irregularidades más frecuentes denunciadas por los arquitectos sevillanos en los concursos públicos son la aplicación de criterios subjetivos para la adjudicación (como la experiencia profesional), la contratación conjunta del proyecto y de la obra (la ley sólo la admite en dos casos excepcionales, pero es habitual que el arquitecto quede a las órdenes del contratista), la obligación a los arquitectos de concurrir en unión temporal de empresas (UTE) para simplificar trámites y la imprecisión en los pliegos de los profesionales que pueden realizar los trabajos.

También citan la excesiva exigencia de la solvencia técnica pedida para la participación en la licitación (el título de arquitecto debería bastar para concurrir), usar el procedimiento de urgencia más allá de lo razonable (para recortar plazos injustificadamente) y poner un precio de licitación del contrato muy inferior al de mercado, con bajas temerarias de hasta el 30% ó más.

El colegio considera que no se debe tratar igual un concurso para adjudicar un trabajo a un profesional que un concurso para contratar un producto manufacturado o una obra, y que una baja económica nunca debe ser criterio principal a la hora de adjudicar un concurso. Otra irregularidad: imponer plazos de presentación de propuestas y ejecución del contrato excesivamente cortos, que en algunos casos van de 8 a 15 días, lo que devalúa la propuesta técnica.