El Ayuntamiento de Sevilla ha reducido al mínimo el presupuesto de la comisión especial de quejas y sugerencias, órgano consultivo popularmente conocido como Defensor del Ciudadano. Para el presente año 2011, esta oficina cuenta con una inversión de 23.000 euros, de los que 8.000 deben destinarse a pagar las dietas de los meses de octubre y noviembre de 2010. Así, quedan únicamente 15.000 euros disponibles para todo el año, una cantidad exigua si se tiene en cuenta la inversión que este órgano recibía en ejercicios anteriores. En 2008, por ejemplo, la comisión de quejas y sugerencias contaba con 40.000 euros, mientras que para 2010 ese dinero ya se había recortado a 32.000.

Esta cantidad ni siquiera ha servido para cubrir íntegramente las dietas de los siete miembros de la comisión y del secretario de la misma correspondientes al pasado año 2010. De hecho, los integrantes de la Oficina del Defensor recibieron el pasado día 20 de enero los pagos pertenecientes a los meses de julio y agosto del pasado año, con lo que aún se les deben cuatro meses.

El Consistorio pretende abonar las dietas de los dos últimos meses de 2010 con cargo al presupuesto de 2011, con lo que los miembros de la comisión temen que los 15.000 euros restantes de presupuesto estén liquidados por completo antes del mes de mayo. De esta manera, la comisión se quedaría sin dinero para funcionar el resto del año y tendría que afrontar los meses siguientes a las elecciones municipales sin un solo euro de presupuesto. Todo ello con un problema añadido, puesto que tendrían que reclamarle el pago de las dietas al nuevo gobierno municipal que surja de las elecciones del 22 de mayo.

La comisión depende de la delegación de Relaciones Institucionales, cuyo responsable es el primer teniente de alcalde y portavoz de IU en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos. Todas las delegaciones que dirige han sufrido recortes drásticos en el presupuesto de 2011. La comisión, en la que participan representantes de los tres partidos políticos con presencia en el Consistorio, había sido especialmente crítica en los últimos años con la gestión del Ayuntamiento de Sevilla.

En la última memoria publicada, correspondiente al año 2009, el Defensor del Ciudadano alertaba del descontrol en las obras municipales y denunciaba la mala calidad de los materiales que se utilizan en los trabajos contratados por el Ayuntamiento. Además, este órgano lamentaba la falta de supervisión de las obras después de que éstas se terminaran, algo que consideraba "intolerable".

Pero las críticas a la gestión del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín son anteriores, siempre realizadas en base a las quejas presentadas por los ciudadanos. Ya en 2008 la comisión había alertado del riesgo de atropellos en los accesos a los colegios por la falta de pasos sobreelevados o las deficiencias en servicios básicos como la limpieza o el mal estado del cementerio de San Fernando.

Otra de las áreas en las que este departamento había sido muy duro con la gestión municipal es el tráfico y, especialmente, con el retraso en la construcción de los parkings subterráneos contemplados en el plan director de aparcamientos. Además, el presidente de la comisión, Francisco Romo, denunciaba el desinterés que había encontrado en la delegación municipal de Movilidad a la hora de tramitar e investigar las denuncias del Defensor.

Pero las carencias que denuncian también afectan desde el principio a la propia comisión. Después de esperar años para tener un simple fax, sus miembros todavía confían en que lleguen los teléfonos móviles que el Ayuntamiento les prometió a inicios del mandato. Incluso existe un acta del pasado verano en la que la directora del área de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento se compromete a entregarles los aparatos de manera inmediata. Al negársele las dietas para desplazamientos, los integrantes de la comisión solicitaron al menos un bonobús para poder desplazarse a inspeccionar in situ algunas de las denuncias que recibían en la oficina. Pese a ello, el Consistorio también les negó el abono de transporte público.

Por este motivo, se han reducido al mínimo las salidas para inspeccionar las denuncias, pese a que el reglamento de la oficina indica que los comisionarios tienen la obligación de comprobar sobre la zona la veracidad de las denuncias ciudadanas. Mientras que en 2006 se realizaron 58 inspecciones, en los últimos años las salidas que se han hecho han sido contadas.

Es más, el presidente de la comisión tuvo que pagar de su bolsillo una cerradura que el Ayuntamiento instaló después de que alguien hubiera entrado de noche en la oficina. El coste de esta cerradura fue de 67 euros y, por el momento, el Consistorio tampoco le ha abonado la factura.

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